El nuevo Decreto 160, publicado esta semana en la Gaceta Oficial como parte del paquete de 176 transformaciones económicas impulsadas por el gobierno cubano, confirma que el régimen está dispuesto a flexibilizar parcialmente la economía, pero no a renunciar al control absoluto de la información.
Mientras la nueva normativa elimina o flexibiliza restricciones para decenas de actividades económicas, mantiene expresamente bajo monopolio estatal el periodismo, los medios de comunicación y la difusión de información noticiosa.
El contraste resulta significativo. El propio paquete de reformas, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en junio, abrió la puerta a cambios inéditos como la ampliación del sector privado, la banca privada, una mayor participación del capital extranjero y nuevas formas de inversión, en un intento por contener la peor crisis económica que atraviesa Cuba en décadas.
Sin embargo, cuando se trata del flujo de información, el Estado mantiene intactas la censura, la manipulación y las restricciones.
Sin periódicos privados, sin agencias de noticias y sin periodistas independientes
El Decreto 160 prohíbe a los actores económicos no estatales la publicación de periódicos, revistas, editoriales y sellos editoriales.
También mantiene prohibidas las agencias de noticias y los servicios de información noticiosa, al considerar que "la información pública se reserva por su naturaleza".
La norma también reserva al Estado las transmisiones de radio y televisión, así como buena parte de los servicios de telecomunicaciones vinculados a la difusión de contenidos.
Aunque autoriza determinados servicios técnicos o producciones audiovisuales bajo regulación específica, no reconoce la posibilidad de crear medios de comunicación independientes.
Uno de los apartados más llamativos del decreto es el numeral 67 del Anexo Único, que establece de forma expresa:
"Actividades de periodistas. Actividad no autorizada a los actores económicos no estatales."
Es decir, el periodismo continúa siendo una actividad que el Estado cubano no reconoce como ejercicio profesional independiente dentro del marco económico legal.
Reformas económicas sin apertura política
La permanencia de estas prohibiciones pone de manifiesto que las reformas anunciadas por el gobierno se concentran en la esfera económica, mientras permanecen intactos los mecanismos de control político sobre la información.
El propio Decreto 160 reserva al Estado no solo la actividad periodística, sino también la radio, la televisión, las agencias de noticias y la publicación de periódicos y revistas, consolidando el monopolio estatal y el control del Partido Comunista de Cuba sobre los principales canales de información pública.
En la práctica, ello significa que cualquier proyecto periodístico independiente continúa desarrollándose fuera del marco legal cubano, sin posibilidad de constituirse como empresa privada, cooperativa o mipyme.
Libertad de prensa: una asignatura pendiente
La libertad de prensa es reconocida por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como un elemento esencial de una sociedad democrática.
Comprende la posibilidad de fundar medios de comunicación, investigar, publicar información y expresar opiniones sin interferencias indebidas del poder público.
El nuevo decreto evidencia que, pese a las reformas económicas, el Estado cubano mantiene reservado para sí el ejercicio institucional de la información y continúa sin reconocer jurídicamente un espacio para medios de comunicación privados o independientes.
La decisión también tiene implicaciones para otras libertades estrechamente vinculadas, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad académica o de cátedra, cuyo ejercicio depende en buena medida de la existencia de un entorno donde puedan circular libremente las ideas, la investigación y la información.
Con la entrada en vigor del Decreto 160 el próximo 4 de agosto, el régimen cubano pretende modernizar parte de su decadente marco económico, pero preserva uno de los pilares históricos de su modelo político totalitario: el monopolio estatal de la información y la ausencia de reconocimiento legal para un periodismo independiente.
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