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Plataforma Cuba Próxima exige cese del odio político y liberación incondicional de manifestantes del 11J

También demandó que se proscriba el odio político y la discriminación por razones políticas, raciales, de género y orientación sexual.

Detenciones en Cuba el 11J © Facebook / Marcos Evora
Detenciones en Cuba el 11J Foto © Facebook / Marcos Evora

Este artículo es de hace 2 años

La plataforma Cuba Próxima exigió este martes al gobierno de Miguel Díaz-Canel el cese del odio político y la liberación incondicional de los manifestantes de las protestas del 11J.

El laboratorio de ideas para un cambio político y jurídico en la isla, promovido por el politólogo e intelectual católico Roberto Veiga González, también pidió “amnistía general para el resto de presos políticos, excepto los condenados por delitos de terrorismo, que hayan sido fehacientemente probados”.

En sus demandas también solicitó que se proscriban el odio político y la discriminación por razones políticas, raciales, de género y orientación sexual, además de que se ratifiquen “los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que promueva un marco legislativo nuevo, incluida la restauración del Tribunal de Garantías Constitucionales y la legalización de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil”.

El Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho para propiciar una transición pacífica a la democracia invitó a que se reconozca “el derecho de la emigración a participar en los esfuerzos democratizadores y económicos de Cuba, sin las limitaciones gubernamentales impuestas”, así como “eliminar el destierro de médicos y personal sanitario por ocho años y la figura de ‘Regulados’ que afecta a opositores políticos, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil”.

La plataforma demandó “avanzar hacia una economía de mercado que genere riqueza y prosperidad, permitiendo al Estado el diseño de políticas de protección a cubanos vulnerables como ancianos, jubilados por enfermedad, mujeres empobrecidas, familias monoparentales y enfermos crónicos, incluidas personas con adicción al alcohol y otras drogas”.

También pidió “establecer y proteger legalmente las libertades de expresión, reunión, manifestación, creación, asociación y prensa”.

Cuba Próxima en sus exigencias incluyó “redimensionar las fuerzas armadas y otros cuerpos del orden y la seguridad a las necesidades de una sociedad democrática, que no penalicen ni repriman la discrepancia política, y que cumplan las obligaciones derivadas de contratos multilaterales y bilaterales en ámbitos de interés general como la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de migrantes y de armas”, además de que se elimine “la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, que deben ser juzgados en la Sala de lo Penal, con arreglo a la reforma legislativa democrática y con todas las garantías jurídicas”.

Por último, demandó una “reforma legislativa que ampare el acceso de todos los cubanos a los cargos de autoridad pública, incluida la presidencia de la República, por medio de elecciones libres, directas, plurales y competitivas”.

La plataforma expuso claramente que “una vez asumidos y consolidados estos cambios, en la Constitución y el conjunto de leyes, obligándose las autoridades a su estricto cumplimiento; el gobierno debe propiciar un diálogo de reconciliación nacional, sin exclusiones, al que Cuba Próxima contribuiría con lealtad a la nación, coherencia democrática y sentido de Estado”.

Este laboratorio cuenta con el apoyo de personalidades extranjeras y nacionales de todo el espectro político, quienes concuerdan en que La Habana debe realizar "cambios claros y permanentes" en favor de la democracia, que propicien un diálogo con la sociedad y la emigración, como bases de una reconciliación nacional.

Su Consejo Asesor Internacional lo integran el chileno Sergio Bitar, el noruego Vegard Bye y el estadounidense Peter Hakim.

Hasta la fecha, según el registro de Cubalex, en la isla fueron detenidas 1,079 personas por manifestarse pacíficamente el 11 de julio último. De ese total, aún más de 500 permanecen en prisión, incluidos 15 menores de 18 años.

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