Piden hasta 18 años de prisión para un centenar de manifestantes del 11J en Cuba

A los acusados de sabotaje "pueden estarles pidiendo hasta 30 años, entonces, estamos viendo peticiones fiscales muy extremas”, dijo la activista Salomé García Bacallao.

Manifestantes del 11J en La Habana Foto © Facebook / Marcos Évora

Más de noventa peticiones fiscales de hasta 18 años de prisión tras las protestas del 11J en Cuba han sido documentadas por activistas y organizaciones como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Durante la emisión de este lunes de Las Mañanas de CiberCuba, la activista Salomé García Bacallao aseguró haber consultado documentos de peticiones fiscales en varias provincias, que, junto a los testimonios de familiares y reportes en medios de comunicación, han permitido contabilizar las condenas que se imputan a algunos de los manifestantes.

“Hasta ahora hemos registrado 95 peticiones fiscales, 3 personas son Damas de Blanco que no fueron detenidas el 11 de julio y que les están pidiendo prisión”, precisó García Bacallao. y agregó que “nadie se esperaba que les fueran a pedir prisiones, sin embargo, les están pidiendo seis, siete y cuatro años”. Sus nombres son Sissi Abascal, Tania Echavarría y Yacqueline Heredia y, al no encontrarse en prisión provisional, no forman parte del listado de detenidos.

La activista en Las Mañanas de CiberCuba. 

La cifra de cubanos arrestados por manifestarse los días 11, 12 y 13 de julio asciende a 1,125. Según las estadísticas en el listado elaborado de forma independiente, de los 95 casos con petición fiscal, el grupo más numeroso es de 21 imputados con ocho años de privación de libertad.

Le siguen un grupo de 18 personas a las que fiscalía pide 12 años de privación de libertad y otro grupo de 11 con peticiones de seis años. La pena máxima solicitada, por ahora, es de 18 años de prisión a dos cubanos.

Captura de peticiones fiscales a detenidos del 11J a las que se suman las tres de Damas de Blanco.

La también artista cubana y editora de Hypermedia Magazine recordó que hasta mediados de agosto habían sido enjuiciadas 67 personas, según cifras oficiales, y “en septiembre supimos de al menos un activista en Camagüey que fue condenado en juicio sumario a nueve meses”, agregó.

Entre las 67 condenas de julio y agosto, dadas a conocer por Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Proceso Penales de la Fiscalía General de la República, se encuentran multas, medidas cautelares de fianzas, reclusión domiciliaria y prisión provisional.  

Entre los casos documentados por activistas y organizaciones independientes figuran los que están acusados de sabotaje. Se trata de involucrados en actos vandálicos a las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) a los que aún no se les ha comunicado la petición fiscal, de acuerdo con García Bacallao.

“Sabemos que hay por lo menos 13 personas en Colón, Matanzas y… no solo están acusadas de sabotaje”, dijo la activista y agregó que, a esta causa, fiscalía suma otras como daños, robo con fuerza y, posiblemente, desorden público. “Es una combinación de delitos”, precisó.

En sus artículos 104 y 105, el Código Penal vigente establece el sabotaje como un delito contra la seguridad del estado. Las condenas son de dos a 10 años de privación de libertad, y de 10 a 20 con pena de muerte incluida, respectivamente, para quienes incurran en este delito.

En otras palabras, el que de manera consciente ocasione “graves daños o perjuicios” a las actividades socioeconómicas del país, entre otras, poniendo “en peligro la seguridad colectiva”, puede pagar con su vida.

“Es decir -aclara la activista- que a estas personas pueden estarles pidiendo hasta 30 años, entonces, estamos viendo peticiones [fiscales] muy extremas”, sostuvo, y lamentó desconocer el total de las personas que podrían enfrentar una condena similar.

“No sabemos qué cantidad son; sabemos que se vandalizó tiendas en Colón, en Cárdenas, en Güira de Melena”, detalló y precisó que “estos casos los está llevando la Fiscalía Militar” y que podrían rondar la veintena o más.

Entre las causas imputadas a los presos del 11J está la sedición -otro delito contra la seguridad del estado. García Bacallao dijo que no se tienen muchos detalles de estos casos, salvo que conoce de algunos en La Güinera para los cuales “no hay todavía petición fiscal”.

Más adelante explicó que el delito de sedición estaría siendo imputado a jóvenes en edad del Servicio Militar o de movilizaciones para la defensa que hayan participado en las protestas como manifestantes y no como represores.

“Si participaste en las protestas y no participaste como represor, entonces, estás acusado de sedición”, sentenció.

La activista advirtió que, en sentido general, podrían contarse “cientos de presos, de personas que van a ser condenadas por delitos politizados” y adelantó que solo se trata de una cifra conservadora, ante la ausencia de datos oficiales.

La Güinera es una localidad marginada, con altos niveles pobreza, perteneciente a la municipalidad habanera de Arroyo Naranjo. Fue en uno de sus barrios donde se reportó de manera oficial la única muerte de un manifestante a manos de un policía que le disparó por la espalda.

Hasta el momento, no se conoce de ningún acusado en la membresía de las brigadas de respuesta rápida que apalearon y apedrearon a los manifestantes, ni se ha condenado a un solo oficial de las fuerzas represivas por violencia policial.

Al contrario, las acciones violentas de los que respondieron a la orden de combate de Miguel Díaz-Canel fueron celebradas por el poder. El policía que causó la muerte al joven de La Güinera fue exonerado de cargos por actuar “en legítima defensa”.

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Annarella Grimal

Annarella O'Mahony (o Grimal). Aprendiz de ciudadana, con un título de Máster otorgado por la Universidad de Limerick (Irlanda). Ya tuvo hijos, adoptó una mascota, plantó un árbol, y publicó un libro.

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