15N


15N, previamente 20N.

La Marcha Cívica por el Cambio es el nombre con el que se designa la manifestación pacífica nacional a la que ha convocado el grupo Archipiélago, en conjunto con el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Su propósito, según la declaración publicada por el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera en Archipiélago, sería condenar la violencia y exigir la liberación de todos los presos políticos, respeto a los derechos de los cubanos y una solución de las diferencias políticas a través de vías democráticas y pacíficas.

A partir del 21 de septiembre, activistas vinculados a Archipiélago, pero de distintas disciplinas y organizaciones sociales independientes, empezaron a presentar una carta de solicitud de autorización a gobiernos provinciales para realizar dicha manifestación en distintos puntos del país, apelando al artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, que reconoce a los ciudadanos el derecho a reunirse, manifestarse y asociarse con fines lícitos y pacíficos, y al artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre el derecho a ejercer la libertad de reunión y asociación pacíficas. 

Se presentaron cartas en La Habana, Cienfuegos, Guantánamo, Pinar del Río, Villa Clara, Holguín, Camagüey y Las Tunas. En Santiago de Cuba el activista Dariem Columbié intentó presentar una carta en la sede del Gobierno de la provincia, pero fue detenido cuando se disponía a hacerlo. 

Al inicio la convocatoria se había hecho para el 20 de noviembre, pero el 7 de octubre el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias decidió organizar una serie de ejercicios militares del 18 al 20 de noviembre, que culminarían con la celebración del Día Nacional de la Defensa, el mismo 20 de noviembre. Ante esta reacción del poder, Archipiélago determinó adelantar la manifestación para el día 15, que es el día en que Cuba debe abrir sus fronteras al turismo internacional.  

El 12 de octubre, el Gobierno cubano dio a conocer una respuesta negativa a las solicitudes de autorización de Archipiélago por considerar que sus promotores tienen la intención de promover un cambio en el sistema político en Cuba, algo que, a su entender, sería ilegítimo y anticonstitucional.

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