Fiscalía cubana pide 25 años de cárcel contra manifestante del 11J en Quivicán

Sayli Núñez, esposa del acusado, explicó a CiberCuba que supieron de la noticia a través de la abogada y sorprendió a toda la familia porque Puig Bergolla es inocente.

Maikel Puig Bergolla junto a su esposa Sayli Núñez Foto © Facebook / Sayli Núñez

La Fiscalía de Mayabeque pidió 25 años de privación de libertad para el cubano Maikel Puig Bergolla, participante en las protestas pacíficas del 11J, por los supuestos delitos de desorden público, desacato, instigación a delinquir y tentativa de asesinato.

Sayli Núñez, esposa del acusado, explicó a CiberCuba que supieron de la noticia a través de la abogada, lo que sorprendió a toda la familia porque Puig Bergolla es inocente.

"Uno de los más afectados es el niño, que tiene solo 9 años, y estuvo presente en el momento que nos dieron la noticia. Desde entonces no duerme bien y está muy alterado, porque ya son varios meses sin ver a su padre", explicó.

El acusado fue testigo de las protestas del 11J en Quivicán, pero la familia dice que ninguno de los delitos que tratan de impugnarle son ciertos, porque no es una persona violenta y mucho menos sería capaz de dañar a otros, por eso no entienden a qué se refiere la Fiscalía con el cargo de tentativa de asesinato.

"No sé qué es lo que traman, pero si me queda claro que lo quieren desaparecer", dijo angustiada.

A través de las redes sociales la familia de Puig Bergolla denuncian el caso, con la intención de llamar la atención de medios y organizaciones internacionales que intercedan por el acusado y sea absuelto de todos los cargos.

El 12 de julio, pasadas las 11 de la mañana, oficiales del Ministerio del Interior se presentaron en casa del cubano y frente a su familia lo llevaron detenido hasta la estación de la PNR de Quivicán y de ahí terminó en la prisión de la provincia.

Pasados los días supo a través de los oficiales que a su esposo lo acusaban de desorden público y que cinco policías testificarían en su contra, alegando que este lanzó piedras contra un vehículo de la PNR.

"Lo vinculan con otro muchacho con el cual mi esposo nunca han tenido ningún vínculo, y que detuvieron por equivocación lo liberaron después de estar preso alrededor de 6 días. Al muchacho lo acusan de agredir a las patrullas junto con mi esposo y esto es incierto, ya que ese muchacho el día de los sucesos del 11 de julio no se encontraba en el municipio. ¿Cómo es posible que la mentira prevalezca tanto?", escribió Núñez en Facebook.

La joven cubana, que es madre de dos niños, denunció en agosto que los oficiales de la policía manipulaban las pruebas y declaraciones para forzar la detención de su esposo y declararlo culpable.

“Las mentiras continúan. Primero lo querían acusar del robo de la tienda de MLC ya que en nuestro municipio las tiendas quedaron destruidas por hechos vandálicos como suelen decir ellos, pero le quitan esa acusación porque no tenían ni videos ni fuertes evidencias como para inculparlo por ese hecho; después lo querían acusar de ser promotor o cabecilla de la manifestación”, dijo.

Maikel Puig Bergolla, de 41 años, es uno de los más de 570 cubanos que permanece detenido en cárceles de la isla por participar en las protestas del 11J en unas 60 localidades del país, según datos recopilados por la ONG Cubalex.

El informe de Cubalex contabilizó un total de 1,130 personas detenidas en todo el país, con mayor prevalencia en La habana y Santiago de Cuba.

Ante la falta de datos oficiales que permitan conocer cómo el Gobierno cubano maneja los casos, la sociedad civil independiente se lanzó a recopilar de manera independiente datos relacionados con las detenciones, con los riesgos que supone contrastar información en la isla, en medio de la represión y la falta de garantías jurídicas.

Como mismo ocurrió con Puig Bergolla, otros acusados recibieron peticiones fiscales que se equiparan con delitos más graves como el homicidio, según el Código Penal cubano.

En tal sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó de la situación  y docmuentó más de una decena de casos en los que se piden entre 4 y 12 años de privación de libertad.

"De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, dijo el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga.

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Lázaro Javier Chirino

Periodista de CiberCuba. Licenciado en Estudios Socioculturales por Universidad de la Isla de la Juventud. Presentador y periodista en radio y televisión

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