Fiscalía podría acusar de sedición a quienes protestaron el 11J tras "orden de combate" de Díaz-Canel

“Lo llamativo en estos expedientes es cómo aborda la Fiscalía el delito de sedición. Lo aplican a todo el que estuviera en las calles protestando luego de que Díaz-Canel diese la ‘orden de combate’, explicó la activista Salomé García Bacallao.

El joven Diubis Laurencio Tejeda, asesinado por la policía en las protestas del 11J en La Güinera Foto © Proyecto Inventario

La Fiscalía está acusando del delito de sedición a jóvenes que, durante las protestas del 11J en Cuba, respondieron a la violencia policial para defenderse, o que sencillamente continuaron protestando luego de la “orden de combate” dada por el gobernante Miguel Díaz-Canel, denunció la activista cubana y defensora de los derechos humanos, Salomé García Bacallao.

Los municipios de 10 de octubre y Arroyo Naranjo, donde se encuentra la barriada de La Güinera, fueron los que más frontalmente marcharon por las calles en aquella histórica jornada. Precisamente los detenidos de estas localidades habaneras son los que están enfrentando acusaciones de sedición –considerado delito contra la seguridad del estado-, por las cuales la Fiscalía podría solicitar hasta 25 años de prisión e incluso pena de muerte.

Entrevistada este lunes en Las Mañanas de CiberCuba, García Bacallao informó que el grupo de activistas que trabaja en temas de registro y asesoría legal para los familiares y detenidos del 11J han recibido los expedientes de muchos jóvenes de estos barrios que van a ser procesados por el delito de sedición.

“Lo llamativo en estos expedientes es cómo aborda la Fiscalía el delito de sedición. Lo aplican a todo el que estuviera en las calles protestando luego de que Díaz-Canel diese la ‘orden de combate’. El que estuviese en las calles luego de esa ‘orden’, la estaba desobedeciendo y, por tanto, es considerado un sedicioso. Como si tratase de una situación de guerra civil y estas personas, que son civiles y no deben obedecer ninguna orden, estuvieran desobedeciéndola”, explicó la activista.

Otro de los supuestos por los que la Fiscalía decide imputar el delito de sedición a los manifestantes es cuando entiende que estos reaccionaron violentamente ante las autoridades. Sin embargo, no entra a considerar si actuaron legítimamente en defensa propia frente a las agresiones injustificadas de la policía.

“En los autos de la Fiscalía no se habla de daños a propiedades civiles (vandalismo), sino a carros de policía o con chapa militar, y de protestas en las proximidades de estaciones de policía”, indicó García Bacallao, quien consideró lógico que al actuar en defensa propia, algunos jóvenes reaccionaran apedreando patrullas y motos de policía.

“Hemos tenido acceso a los expedientes de 10 de Octubre y La Güinera, que fueron los focos de protesta donde los manifestantes fueron más frontales con la policía, pero como respuesta a la violencia desatada por las autoridades”, reveló la activista, para quien la respuesta de la sociedad civil el 11J siempre fue proporcional a los abusos de las fuerzas represivas.

“Otros sitios de protesta, como el Capitolio o el monumento a Máximo Gómez, hubo menos presencia policial y, por tanto, menos violencia. Pero en La Güinera y 10 de Octubre sí vimos la represión que protagonizó la policía, los ‘boinas negras’, con perros y demás. En La Güinera es donde el MININT reconoció la existencia de una persona asesinada por la policía durante las protesta”, dijo la activista.

Otra de sus preocupaciones, reconoció García Bacallao, es que no han podido registrar todas las personas que fueron heridas. “Hay videos de personas heridas en la Calzada de 10 de Octubre por disparos. Hay un video de una persona sangrando en una escalera, en un portal en el que se refugió. Sabemos que allí fue donde más violencia desató la policía”, afirmó.

Han sido los familiares quienes les han enviado los expedientes, dijo García Bacallao en el programa de tertulia política de CiberCuba. Lo escandaloso, relató, es que los expedientes tienen fecha de principios de octubre, pero no ha sido hasta hace 2 o 3 días que las autoridades han empezado a informar a los familiares y los propios acusados.

“Cuando nos llegaron los expedientes, no sabíamos cómo lidiar con esta información. Sabíamos que había varias acusaciones de sedición, pero no sabíamos todavía de cuánto tiempo iban a ser las peticiones fiscales”, relató la columnista y editora del medio independiente Hypermedia.

Con este proceder, la Fiscalía procura agotar los plazos legales para que las defensas de los acusados puedan presentar recursos contra los argumentos de la acusación, violando las propias leyes de procesamiento penal y dejando en la indefensión a cientos de jóvenes cubanos cuyo único “delito” fue el de ejercer libremente su derecho a la manifestación y libertad de expresión.

“Hay madres que se han enterado porque los hijos les han llamado desde la cárcel. Uno de los expedientes ya empezó el proceso y está en fase de juicio oral”, denunció la activista. “Tuvimos que ser nosotros los que informaron a las madres de Brandon David Becerra Curbelo y de Rowland de Jesús Castillo, lo cual es muy fuerte. Son muchachos que tienen abogados, a los que hemos dado seguimiento a sus casos, y aun así tuvieron que enterarse por nosotros”, añadió.

A mediados de octubre, en otra tertulia de Las Mañanas de CiberCuba, García Bacallao manifestó que el delito de sedición estaría siendo imputado a jóvenes en edad del Servicio Militar o de movilizaciones para la defensa que hubieran participado en las protestas del 11J. Por el solo hecho de estar en esa franja de edad y haber protestado, la Fiscalía podría considerarlo como “sedición”.

Por el contrario, las acciones violentas de los represores que respondieron a la orden de combate de Miguel Díaz-Canel han quedado fuera de investigación y castigo; como quedó demostrado en el caso del subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, el policía que causó la muerte al joven de La Güinera, Diubis Laurencio Tejeda, el cual fue exonerado de cargos por la Fiscalía, al considerar que actuó “en legítima defensa”.

Al menos 75 manifestantes podrían sufrir sentencias de hasta 27 años de cárcel por el presunto delito de sedición, muchos de los cuales estarían entre los 16 y 21 años de edad y residirían en los municipios habaneros de 10 de Octubre y Arroyo Naranjo, según denunció este domingo el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J.

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