La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este domingo los procesos judiciales y las excesivas condenas a manifestantes de las protestas del 11J en Cuba.
“Como relator para Cuba de la @CIDH manifiesto mi condena a los procesos sin garantías, que podrían llevar a más de 75 personas a condenas mayores de 20 años de cárcel, por salir a protestar contra el régimen en la Isla”, expuso el relator del CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en su cuenta de Twitter, en la que compartió una nota de CiberCuba sobre el caso del joven cubano Oscar Bárbaro Bravo Cruzata.
Bravo Cruzata podría cumplir hasta 20 años de privación de libertad por participar en las protestas pacíficas del 11J en La Habana y ser acusado del presunto delito de sedición, según las autoridades cubanas.
Este joven, de 23 años, se encuentra detenido en el Combinado del Este por salir a las calles pacíficamente el 11J y es uno de los 75 cubanos que esperan un juicio con una petición fiscal elevada.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), las peticiones fiscales contra manifestantes en Cuba están siendo equiparadas con las sanciones por los delitos de homicidio.
La organización considera que el “ensañamiento” de las fiscalías refleja “el talante vengativo del régimen imperante en la isla, que alberga una población penal per cápita que está entre las primeras del mundo”.
En un comunicado enviado a CiberCuba, esta organización apuntó que el gobierno cubano, a través de sus órganos represivos, acostumbra a valerse de supuestos delitos comunes para condenar actuaciones políticas, una práctica que ha sido condenada por el Grupo de Trabajo sobre la Detenciones Arbitrarias de la ONU.
El texto también recalcó que “se han forzado algunos argumentos para aplicar delitos que no están en correspondencia con la realidad de los hechos (...). Las peticiones fiscales que aquí se anuncian son las más extremas que se conocen hasta ahora, dada la desproporción entre los delitos y la cantidad de años en prisión pedida por ellos, detalle que denota la condición de la justicia cubana”.
Además, en el comunicado el Observatorio acusó al régimen de la isla de utilizar su “talento represivo” en función de silenciar a las víctimas de la represión del 11J y a sus familiares, unas veces con amenazas y otras con falsas promesas.
Aunque no existen datos oficiales que revelen la cantidad de personas con peticiones fiscales elevadas, organizaciones de la sociedad civil independiente como Justicia 11J estiman que al menos 75 personas podrán enfrentar penas de 20 años de cárcel o más.
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