El joven cubano Oscar Bárbaro Bravo Cruzata podría cumplir hasta 20 años de privación de libertad por participar en las protestas pacíficas del 11J en La Habana y ser acusado del presunto delito de sedición.
Bravo Cruzata, de 23 años, se encuentra detenido en el Combinado del Este tras salir a las calles a protestar pacíficamente; y engrosa la lista de cubanos que esperan un juicio con una petición fiscal elevada.
En declaraciones a la agencia de noticias independiente CubaNet, el joven recordó cómo la policía y paramilitares reprimieron al pueblo de manera violenta y rociaban un spray a los manifestantes que iban desde Arroyo Naranjo en dirección a Centro Habana.
Antes de ser detenido, Bravo Cruzata trabajó en el departamento de seguridad de vuelos del Aeropuerto Internacional José Martí, donde oficiales de la Seguridad del Estado lo detuvieron a los pocos días de las manifestaciones.
Cuando pretendía incorporarse a su puesto de trabajo, oficiales del DTI lo interceptaron, despojaron de sus pertenencias e identificación como empleado, todo con el fin de evitar que se vinculara a un agente de seguridad del aeropuerto con las protestas.
El joven contó a la prensa independiente que estuvo 40 días en la estación de 100 y Aldabó, donde pasó hambre y la humedad de la cárcel le causó un hongo, que todavía espera ser atendido por un médico.
Aunque no existen datos oficiales que revelen los detalles de la cantidad de personas con peticiones fiscales elevadas, organizaciones de la sociedad civil independiente como Justicia 11J estiman que al menos 75 personas podrían enfrentar penas de 20 años de cárcel o más.
"La sedición está siendo usada como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política. La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista", advirtió el grupo.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó desde Madrid que las peticiones fiscales hacia los manifestantes del 11J no solo eran las más elevadas desde la Primavera Negra de 2003, sino que equiparaban las protestas con el delito de homicidio.
“El mundo no puede quedarse callado ante la embestida permanente del régimen de Miguel Díaz-Canel", expuso la ONG a través de un comunicado.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: