La activista cubana Daniela Rojo Varona, una de las moderadoras del grupo Archipiélago, ha sido citada una vez más por las autoridades cubanas para una "entrevista" con el Teniente Juan Carlos en la mañana de este martes en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria "La 14", en el municipio Guanabacoa, en La Habana, bajo la advertencia de que, si no acude, enfrentará una multa de 30 pesos cubanos o será acusada de "desobediencia".
Rojo, quien fue una de las personas detenidas el pasado 11 de julio durante las protestas anigubernamentales y pasó casi un mes privada de libertad, ha sido últimamente acosada por la Seguridad del Estado por su asociación al grupo Archipiélago y promover la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre, para exigir el cese de la violencia policial, la liberación de los presos políticos y una solución democrática a ls conflictos internos.
El pasado 12 de octubre fue también detenida en su casa arbitrariamente y luego interrogada durante varias horas. Al ser puesta en libertad, en un post en Facebook, declaró: "es increíble cómo la Seguridad del Estado asume que tiene todo el derecho de imponerse sobre los ciudadanos de la manera que lo hace. El desconocimiento burdo y cruel que tienen en materia de derechos humanos los pone en un plano de cinismo que quizá algunos de ellos hasta ignoren".
"Las mafias son mafias, se pinten del color que se pinten. Para mi criterio a Cuba la gobierna una mafia y eso ninguno puede hacérmelo cambiar", sostuvo.
Además, afirmó que su posición era firme. "Ante la injusticia siempre voy a alzar mi voz, viva en el país que viva", agregó la joven de apenas 25 años, quien aún enfrenta el cargo de desorden público por haber ejercido el derecho a manifestarse el 11 de julio.
Conforme el 15 de noviembre se aproxima, la represión política contra quienes promueven y apoyan la iniciativa, o anuncian que participarán, va cada vez más en aumento. El Estados cubano ha estado utilizando todos los recursos, instituciones y mecanismos que controla para intimidar y presionar a la ciudadanía y evitar la manifestación: las leyes, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, los medios estatales de comunicación, la Policía Nacional Revolucionaria, la Seguridad del Estado, el Ministerio de Cultura, las organizaciones de masas, el servicio de acceso a Internet, etcétera.
Diversos miembros de Archipiélago han sido oficialmente amenazados con prisión si insisten en impulsar la Marcha Cívica por el Cambio, despedidos de sus centros de trabajo, acosados en redes sociales, sometidos a actos de repudio en sus viviendas y campañas de difamación y hasta acusados de tener vínculos con organizaciones terroristas.
No obstante, hasta ahora la convocatoria continúa en pie y cada acto represivo y amenaza solo ha servido para que sus promotores reafirmen sus razones para salir a las calles el próximo 15 de noviembre a exigir un cambio y respeto a los derechos humanos.
Po otra parte, casi en 70 ciudades de 29 países del mundo se están organizando, desde las comunidades de emigrantes y exiliados cubanos, manifestaciones de apoyo a la Marcha, a partir del 10 de noviembre y hasta el día 20, para visualizar sus reclamos a nivel internacional y llamar la atención sobre lo que ocurre en la isla.
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