La activista de Archipiélago Saily González apeló este martes a la conciencia y la dignidad de los cubanos para que no se dejen engañar ni intimidar por el régimen, que los obliga a participar en actos de repudio contra los activistas de la sociedad civil en Cuba.
En una directa en su cuenta de Facebook, González explicó cuáles son, desde su perspectiva, las motivaciones de quienes asisten a los mítines de repudio, que el gobierno ha convertido en una práctica sistemática en los últimos meses para hostigar a artistas, activistas, periodistas y otros ciudadanos que disienten del sistema político impuesto en la isla.
González apeló a la conciencia y la dignidad de los cubanos para no repetir esas escenas que están observando en el mundo entero, dejando ver un pueblo cubano sin educación, adoctrinado y violento.
“Muchos participaron engañados. Les dicen que nosotros queremos una intervención militar, que si somos mercenarios”, aseguró la moderadora de Archipiélago, quien sufrió un acto de repudio el pasado 15 de noviembre, organizado por la Seguridad del Estado para impedirle salir de su casa a participar en la Marcha Cívica por el Cambio.
Luego de conversar con algunos de sus vecinos que recibieron la visita de los represores que intentaron movilizarlos, pero que no se doblegaron a sus exigencias, González escuchó los argumentos que utilizó la policía política para sembrar el odio contra ella.
El calificativo de “intervencionistas” es uno de los que más incita al repudio y las dudas de buena parte de la población que, desinformada y manipulada, piensan que los activistas están pagados y apoyan una invasión militar; un miedo incrustado en la población por el discurso de 60 años de un régimen que recluta a miles de jóvenes todos los años para servir en el ejército.
Agradeciendo a sus vecinos y personas que no participaron en el acto de repudio que le hicieron, González aprovechó su directa de redes sociales para enviar un mensaje a “esos pocos que ven estos videítos”, a quienes la Seguridad del Estado movilizó haciéndoles creer que la activista había denunciado sus ilegalidades.
“Hay personas que creen que mantener sus negocios ilegales es un privilegio. Que por vender un poco de café que compran en el campo, unas latas de pintura que ‘resuelven’ en su trabajo, un poco de leche en polvo, son personas privilegiadas. Y por no perder esos ‘privilegios’ son capaces de cometer esos actos bárbaros e incívicos”, afirmó.
Para González, la sospecha sobre el activismo no debe prosperar en la sociedad. Se trata de un infundio, de difamaciones del régimen sobre ellos que envenenan a la sociedad y la desmovilizan. Según relató, ahora tiene vecinos que han dejado de hablarle luego de que la Seguridad del Estado les dijese que ella los había delatado en las “entrevistas” a que ha sido sometida.
“El día que me citaron yo dije ‘yo no sé nada’ y exigí un abogado, como es mi derecho. Mucho menos delaté a alguien. Las personas tienen que saber cuáles son sus derechos en vez de comportarse sumisamente por no perder el ‘privilegio’ de vivir en la ilegalidad”, señaló la también empresaria privada.
Es el miedo a perder esos privilegios provenientes de actividades ilegales lo que hace que muchos participen en los actos de repudio. “El que viaja y trae mercancías cree que tiene un privilegio que teme perder”, dijo González, que conoce en primera persona el potencial emprendedor de los cubanos.
“Un privilegio, para mí, es tener la posibilidad de ganarme la vida de manera digna. Los cubanos pueden y deben tener esa posibilidad. Yo lucho por un país próspero, donde todos tengamos la oportunidad de aportar”, subrayó la joven cubana que sueña un país donde los ciudadanos no tengan que estar cometiendo ilegalidades las 24 horas. “Desde la leche que tomas en el desayuno, hasta el pollo o el café: todo el tiempo en Cuba se cometen ilegalidades.
“Es cruel y vergonzoso que además de actuar por miedo a perder los privilegios, las personas que participan en los actos de repudio lo hagan mientras 600 familias tienen a los suyos presos después del 11J”, concluyó.
Desde que el grupo Archipiélago convocó a la Marcha del 15N múltiples denuncias de violencia política fueron realizadas por sus miembros, moderadores y seguidores, al igual que activistas, artistas y periodistas independientes. Sin embargo, a partir del 13 de noviembre la represión estatal contra cualquier expresión de disidencia aumentó significativamente hasta contabilizar casi 200 incidentes violentos.
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