El periodista independiente y activista guantanamero Emilio Almaguer de la Cruz denunció la falta de oportunidades en el país, donde según comentó “nos asfixian; no nos dan el derecho al trabajo”.
En un video que comparte el sitio Cubanet, Almaguer de la Cruz relata las constantes presiones que ha recibido desde que en los años 80 se negó a cumplir una misión en Angola. Cuenta además que luego de cuatro años de trabajo para la Empresa Eléctrica de Baracoa fue sacado hacia otro puesto laboral, por considerársele ya un opositor al régimen.
Según el material, luego de este percance, el activista trabajó durante 10 años como parte de una brigada de mantenimiento de la Dirección de Salud Pública de su localidad y un año más en la Empresa de Flora y Fauna.
Asimismo narra Almaguer de la Cruz que ya había sido expulsado de organizaciones como los CDR (Comités de Defensa de la Revolución), por lo que cuando en su nuevo puesto le solicitaron un documento que acreditara su buen comportamiento social, no pudo continuar allí.
El también periodista independiente contó su historia como ejemplo de la discriminación, la represión y la falta de opciones que existen en Cuba para los miembros de la Sociedad Civil que se oponen al régimen de la isla.
“No nos dan el derecho al trabajo, no nos dan el derecho a la vida, no nos dan derecho a crecer económicamente”, afirmó Almaguer de la Cruz, quien añadió que estos son mecanismos del gobierno para reprimir, doblegar y controlar a las personas que piensan diferente.
Este activista reside en la ciudad de Baracoa y es miembro de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba y promotor de la plataforma Cuba Decide.
En más de una ocasión ha sido multado y detenido e incluso se ha negado a pagar el monto de esas sanciones económicas, pues alega que si logra reunir 3,000 pesos o más es para mantener su casa y alimentar a sus hijos.
La imposición de estas penalidades monetarias constituye uno de los mecanismos represivos más utilizados por las autoridades del país para amenazar a cualquier persona con publicaciones en redes sociales o acciones contrarias al sistema político.
De acuerdo con la organización independiente Cubalex, especializada en temas jurídicos y violaciones de derechos humanos. Más de 30 personas han sido multadas por incumplir con el Decreto-Ley 370 de 2019. La mayoría de estos ciudadanos son periodistas independientes y activistas vinculados a organizaciones disidentes.
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