El gobierno adeuda cientos de miles de dólares norteamericanos y/o euros, en concepto de alquiler, a extranjeros propietarios de viviendas en la isla, dijeron a CiberCuba tres de los afectados, que rehusaron ser identificados por temor a represalias; aunque no descartaron emprender acciones legales.
La deuda gubernamental con cada uno de los tres afectados, asciende a 150 mil dólares norteamericanos, incluidos impagos del segundo semestre del año pasado; pese a que las inmobiliarias han seguido cobrando la renta de los inquilinos en MLC, y anteriormente en CUC, pero sin pagar a los dueños, como establecen los contratos vigentes con las inmobiliarias Cimex y Caribe, sociedades anónimas subordinadas al complejo militar-empresarial Gaesa.
“Entendemos que la economía cubana está mal y el coronavirus acabó de desplomar el poco turismo que tenían, pero el gobierno ha seguido construyendo e inaugurando hoteles y nosotros sin cobrar”, contrastó uno de los afectados.
Los registros oficiales cubanos no dan cuenta del número total de extranjeros con casas en propiedad en Cuba y sometidas a la modalidad de gestión de alquiler, mediante acuerdos con inmobiliarias estatales; y los intentos de CiberCuba para recabar la opinión de las inmobiliarias Cimex y Caribe, resultaron infructuosos.
Algunos propietarios propusieron al gobierno cubano que les permita pactar con los inquilinos el pago del alquiler en el extranjero, comprometiéndose a abonar el 10% de comisión de gestión y los gastos comunes del condominio a la inmobiliaria, pero las autoridades se niegan porque modificaría el contrato original, que garantiza el total de los ingresos a sus empresas y son los propietarios quienes deben esperar a cobrar, algún día, ironizó otro de los afectados.
Aunque los afectados rechazan usar el término de corralito financiero; el gobierno cubano lleva sin pagarles desde el otoño de 2020, cuando estableció las resoluciones 115 y 153, ambas del Ministerio de Economía y Planificación, con elementos, como el siguiente:
Artículo 5. Todas las entidades exportadoras estatales y asociaciones económicas internacionales obtienen la totalidad de los ingresos por sus exportaciones en pesos cubanos a la tasa de cambio que se establezca y retienen un por ciento de la liquidez de los ingresos que reciban, aportando el por ciento restantes a la liquidez central”.
En el marco de las nuevas condiciones establecidas unilateralmente por el gobierno cubano, las inmobiliarias indicaron a los propietarios la necesidad de renegociar los contratos de mandato de gestión de administración de los edificios, pero ajustándolos a denominar los pagos en pesos cubanos, a lo que muchos propietarios extranjeros se negaron, por la inseguridad jurídica que supone, dijo el abogado de uno de los afectados.
El asunto es complicado de entender, pero mucho más de explicar, apunta otro de los afectados porque “aun cuando la entidad inmobiliaria recibe ingresos en MLC, por el cobro de los alquileres, no podrán disponer del 100% de lo cobrado, sólo de una parte, con la cual tendrán que pagarnos a los propietarios por las rentas de forma aplazada, pues no dispondrán de todo el monto necesario para cubrir esos pagos, comprometidos mediante contrato”.
Pero, al mismo tiempo y, por otro lado, las inmobiliarias cobran también en pesos cubanos, que depositan en una cuenta en CUP, que la normativa vigente no reconoce como liquidez en MLC, debiendo aguardar a la disponibilidad bancaria para comprar divisas, y proceder al pago a los propietarios de inmuebles, pero sin que las resoluciones gubernamentales fijen plazo, procedimiento ni pagos de intereses por demora, subrayó.
“Estamos ante un jeroglífico legal y financiero, concebido mediante una ecuación de la cual extrajeron el CUC, habilitaron el CUP -que carece de convertibilidad interna- y sólo mantiene una capacidad de pago a reserva de su canje en MLC, que, en las precarias condiciones actuales de falta de capital, parece una tomadura de pelo”, lamentó otro de los propietarios.
Muchos de los propietarios de estas propiedades inmobiliarias no las adquirieron para utilizarlas como residencia personal, sino como inversión a recuperar mediante la renta de los apartamentos y las compraron invirtiendo dólares o euros, por tanto, la forma de asegurar el retorno de lo invertido y el beneficio era que cobraran las rentas en dólares o euros, precisó uno de los dueños, que lleva más de un año sin recibir un solo pago.
De repente, amparado en una normativa imperativa, el gobierno cubano modificó sustancialmente las circunstancias, hasta el punto de afectar las inversiones extranjeras, al establecer que los inquilinos pueden pagar sus rentas en pesos cubanos.
Las inmobiliarias cobran en pesos cubanos, pero a partir de ahí los propietarios de los inmuebles quedan a expensas de que la llamada “Liquidez Central” asigne fondos a las inmobiliarias para pagar a los propietarios o que se pueda reunir la cuantía suficiente cuando el inquilino pague en MLC, explicó uno de los afectados, que se está asesorando legalmente, por si tiene que pleitear con el gobierno.
Pero aun cuando el inquilino pague en divisas, el dueño del inmueble no tiene garantizado el cobro de la renta, porque casi el 80% de lo cobrado en MLC por la inmobiliaria, se queda el sistema financiero cubano como retención, siempre según la nueva normativa, explicaron.
Analizando los contratos, de los que los afectados no quisieron facilitar copia, las inmobiliarias reciben un mandato de los titulares de las viviendas para gestionar sus alquileres, en virtud de ser quienes administran los condominios, pero las cláusulas son impuestas por el gobierno cubano, como si se tratase de un contrato adhesivo sin opciones de modificación, lo cual abunda en la inseguridad jurídica, señaló el abogado de uno de los afectados.
Las propiedades inmobiliarias destinadas a residencia adquiridas por personas extranjeras (jurídicas o físicas) se encuentran bajo la órbita de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscritos por Cuba en materia de inversiones extranjeras, protegidas por dichos tratados, concluyó el abogado de uno de los afectados, cuyo mecanismo de tutela jurídica podrían poner en marcha los propietarios afectados por el trato recibido a partir de la nueva legislación.
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