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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó una profunda reforma legal que permitiría a compañías extranjeras y locales operar campos petroleros sin control estatal, abriendo el sector al capital privado por primera vez desde la era de Hugo Chávez.
Según reveló la agencia Reuters, el proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, entregado la semana pasada a la Asamblea Nacional, busca transformar el núcleo del modelo energético venezolano al modificar la norma que durante dos décadas mantuvo a PDVSA como actor dominante y único operador.
La propuesta permitiría a las empresas —tanto nacionales como internacionales— producir y comercializar petróleo de manera independiente, firmar contratos directamente con PDVSA y recibir los ingresos por la venta de crudo, incluso si solo participan como socios minoritarios.
Los legisladores aprobaron el texto en una primera votación este jueves, tras un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles alcanzado entre Caracas y Washington a comienzos de mes, después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
El presidente Donald Trump destacó que el convenio otorga a Estados Unidos “control sobre la principal fuente de ingresos del país”.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la iniciativa ante los diputados: “El petróleo bajo tierra no sirve de nada.
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Necesitamos atraer inversión extranjera”, declaró durante la sesión, en la que no se registraron votos en contra.
La reforma —que requiere una segunda aprobación parlamentaria— abre la puerta a una liberalización sin precedentes en la industria petrolera venezolana, tradicionalmente controlada por el Estado y su empresa matriz, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El proyecto también prevé reducir los royalties e impuestos hasta un 15 % en proyectos de alto riesgo o de gran inversión, frente al actual 33 %, con el objetivo de incentivar la participación privada.
“Estos campos requieren grandes inversiones, pero para lograrlo debe haber flexibilidad en las regalías”, señaló el diputado Orlando Camacho, al presentar un resumen del proyecto ante la Asamblea.
Los cambios incluyen además la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional para resolver disputas, una demanda histórica de las empresas extranjeras tras los conflictos y expropiaciones de activos ocurridos durante los gobiernos de Chávez y Maduro.
Analistas consultados por Reuters advierten, sin embargo, que la reforma podría chocar con la Constitución venezolana, que reserva las actividades medulares de la industria petrolera al Estado. También señalan que su implementación requeriría derogar múltiples leyes complementarias aprobadas bajo los gobiernos anteriores.
Para Washington y las compañías energéticas interesadas, la iniciativa representa una oportunidad clave dentro del plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares que acompaña el proceso de transición impulsado tras la caída de Maduro.
Los inversores, no obstante, reclaman autonomía plena para producir y exportar, en un país que perdió atractivo por las nacionalizaciones, los litigios y las sanciones internacionales.
Pese a las dudas jurídicas, la reforma marca un giro histórico: Delcy Rodríguez se distancia del dogma estatista chavista y adopta una línea pragmática que busca estabilizar la economía venezolana mediante apertura, inversión extranjera y cooperación con Estados Unidos.
Recientemente, PDVSA)confirmó que mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo, en el marco de lo que la estatal describe como “relaciones comerciales entre ambos países”.
En ese sentido, Trump afirmó que el país sudamericano "ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años", gracias a un acuerdo petrolero forjado con EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro.
Por su parte, Rodríguez informó este lunes la entrada al país de 300 millones de dólares procedentes de la venta de petróleo, recursos que —según dijo— se destinarán al mercado cambiario y a la banca nacional para “proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”.
De igual forma, Estados Unidos confirmó que permitirá a China seguir comprando petróleo venezolano, pero ya no bajo las condiciones que durante años beneficiaron al chavismo.
Preguntas frecuentes sobre la apertura de PDVSA al capital internacional y las relaciones entre Venezuela y EE.UU.
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¿En qué consiste la reforma propuesta por Delcy Rodríguez para PDVSA?
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha propuesto una reforma legal que permitiría a empresas extranjeras y locales operar campos petroleros sin control estatal. Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano al capital privado por primera vez desde la era de Hugo Chávez, permitiendo que las empresas produzcan y comercialicen petróleo de manera independiente y firmen contratos directamente con PDVSA.
¿Qué impacto tiene esta reforma en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos?
La reforma marca un giro en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, con la administración de Donald Trump apoyando la apertura del sector petrolero venezolano al capital internacional. Este cambio busca estabilizar la economía venezolana mediante una mayor inversión extranjera y cooperación con EE.UU., tras la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de un gobierno interino en Venezuela.
¿Cómo se utilizarán los ingresos de los acuerdos energéticos entre Venezuela y EE.UU.?
Los ingresos provenientes de los acuerdos energéticos con Estados Unidos serán administrados a través de dos fondos soberanos. Estos fondos están destinados a financiar programas de protección social e infraestructura nacional, como mejorar el ingreso de los trabajadores venezolanos, cubrir hospitales, escuelas, alimentación y viviendas, así como recuperar la infraestructura de servicios como agua, electricidad y vialidad.
¿Cuáles son las críticas o desafíos legales que enfrenta la reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela?
Analistas advierten que la reforma podría chocar con la Constitución venezolana, que reserva las actividades medulares de la industria petrolera al Estado. La implementación de la reforma requeriría derogar múltiples leyes complementarias aprobadas bajo los gobiernos anteriores, lo que representa un desafío legal significativo.
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