El Tribunal Popular de Camagüey ratificó la condena de tres años y tres meses de privación de libertad por el delito "de daños a la propiedad" contra Virgilio Mantilla Arango, prisionero político cubano y líder de Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos.
El juicio de apelación fue este miércoles y aunque el principal testigo alegó que nunca presentó una queja contra el acusado, el tribunal desoyó la petición de la defensa y ratificó la condena, según confirmaron fuentes familiares a Martí Noticias.
"El abogado está superindignado", aseguró la esposa del opositor a la prensa independiente, quien además resaltó el trabajo de la defensa durante el juicio.
Mantilla Arango escribió en la fachada de una vivienda particular del reparto La Caridad la frase "Comunismo No, Martí Sí", por lo que las autoridades le acusan de "daño a la propiedad", sin embargo, el inquilino del domicilio aseguró durante la vista que no se sentía dañado por el escrito ni necesitaba una compensación económica.
Jesús Pino Argilagos, padrastro del opositor cubano, explicó que la casa es de unos vecinos que se encuentran en Estados Unidos, y el actual inquilino solo cuida la vivienda, pero este jamás presentó una queja contra Mantilla Arango y se encargó de pintar la pared.
"Esto fue una manipulación de la Seguridad del Estado del régimen castrista este, como le estoy diciendo. Fue un montaje para dañar a Mantilla, para poder sancionarlo a tres años", dijo Pinos Argilagos.
Asimismo, dijo que el acusado se encuentra muy mal de salud y que durante el juicio tuvo que pedir permiso para sentarse porque tenía fatiga y falta de aire.
"Yo lo veo en muy malas condiciones", destacó.
El líder de Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos protagonizó una huelga de hambre en noviembre desde la cárcel Cerámica Roja poco antes de solicitar una revisión de su caso; por ese motivo su salud se deterioró y fue necesario hospitalizarlo para suministrarle sueros y atención médica.
En Cuba hay más de 600 presos políticos, cifra que creció considerablemente tras los arrestos de 11J, una situación que organismos internacionales y gobiernos democráticos recriminan al gobierno de la isla, aunque este niega todas las acusaciones en su contra.
El discurso oficial sostiene que en Cuba no hay presos políticos, sin embargo, organizaciones no gubernamentales aseguran que la justicia del régimen encubre el proceso acusando a opositores y activistas por delitos comunes.
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