El juicio contra 23 manifestantes del 11 de julio en Cuba acusados del delito contra la seguridad del Estado de sedición en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, La Habana, quedó este martes concluso para sentencia.
La activista Camila Rodríguez, miembro de la plataforma Justicia 11J, dijo en Facebook que los abogados de los manifestantes solicitaron, en posición común, la sustitución del delito de sedición por otros, como atentado, desórdenes públicos y propagación de epidemias, sobre la base de la falta de elementos que puedan demostrar la realización de un hecho de naturaleza sediciosa.
En la corte, donde se está juzgando también a dos adolescentes, la Fiscalía pidió la consideración de la edad como un factor para la reducción de la sentencia, en el caso de algunos de los menores de 20 años (según los dispuesto en el artículo 17.1 del Código Penal), explicó.
Recordó que a otros menores de edad juzgados anteriormente, la petición fiscal les fue reducida a 7 años de privación de libertad.
El colectivo Justicia 11J aseguró el lunes que al menos 45 personas, en tres juicios que se celebran en Mayabeque y La Habana, han sido acusadas de sedición y se les solicitan hasta 20 años de cárcel por manifestarse contra el gobierno el pasado 11 de julio en Cuba.
"La Fiscal Mabel Palacios Aties pide para ellos penas entre 15 y 27 años de privación de libertad", subrayó Rodríguez en Twitter.
Apuntó que este martes, a pesar de que ya culminó el juicio, el tribunal no fijó fecha exacta para la entrega de la sentencia.
La activista denunció que durante los dos días de juicio en Diez de Octubre, La Habana, las inmediaciones del Tribunal estuvieron militarizadas, especialmente en el momento de la salida de los manifestantes.
"Cerca de 20 policías no solo impedían el paso a los familiares hacia el camión que transportaría a los manifestantes en detención, sino también la vista hacia ellos. Al menos una docena de agentes de la Seguridad del Estado rondaron a los familiares que permanecían a la espera", detalló.
Denunció, asimismo, que activistas que acompañaban a las familias fueron detenidos y lamentó que ni la prensa oficial cubana, ni la extranjera, ni la independiente hicieran la cobertura del juicio.
Actualmente la fiscalía cubana imputa a los manifestantes del 11J por diversos delitos, como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos patrios y, en el caso de las penas mayores, por el presunto delito de sedición.
Las autoridades judiciales de Cuba no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Además las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.
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