El gobierno de Estados Unidos calificó de inaceptables las largas sentencias impuesta por los tribunales cubanos a 51 manifestantes del 11J.
La Embajada estadounidense en La Habana condenó las injustas penas de entre seis y nueve años de privación de libertad o trabajo forzoso que el régimen castrista dictó contra estos participantes en las protestas masivas del 11 de julio de 2021, cuyo único delito fue reclamar derechos y libertades fundamentales.
La publicación utiliza la etiqueta #PresosPorQué, lanzada por el gobierno estadounidense en apoyo a los cientos de cubanos detenidos como represalias por salir a la calle y pedir libertades al gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
En respuesta al post, una decena de internautas exigieron la libertad de los presos políticos y el enjuiciamiento de los agentes de la policía y la Seguridad del Estado que reprimieron con golpes y tiros al pueblo. “Son sentencias inhumanas, parecen un escarmiento terrible contra quien decida oponerse al castrismo”, afirmó un forista.
“La dictadura cada vez está más sola y con miedo a los jóvenes que ya no creen en la dichosa revolución y en el cuento del socialismo, pues no tienen derecho a opinar, a decir lo que piensan sobre Canelo y sus secuaces”, comentó otro usuario de Twitter.
“Y pensar que todavía hay quienes piensan que los manifestantes del 11J eran dos o tres delincuentes. Fue un pueblo entero en una docena de ciudades demandando un país con democracia, libertad de expresión y de prensa”, manifestó una persona.
Este sábado la organización Justicia 11J denunció la demora de las autoridades en dar a conocer las sentencias de varios de los manifestantes enjuiciados durante las últimas semanas, de forma particular los menores de 18 años.
Este grupo de trabajo reportó la celebración de al menos 26 juicios orales entre el 8 de diciembre y el 31 de enero a más de 312 detenidos, aunque muchas de las sentencias aún no han sido notificadas a ellos o a sus familiares. Justicia 11J reclamó de forma directa los dictámenes del Tribunal de Diez de Octubre, donde fueron procesados los menores de edad presentes en los sucesos de La Güinera y Toyo.
La organización Cubalex también expresó su preocupación, pues el artículo 564 de la Nueva Ley no.143 de Proceso Penal, vigente desde el 1 de enero, establece plazos no limitados para la firma de sentencias, lo cual viola los principios de celeridad y legalidad que deben regir cualquier proceso penal.
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