La activista cubana Yanilys Sariego denunció este lunes que la Fiscalía Militar de Matanzas decidió desestimar sus reclamos legales respecto a la actuación de policías y militares en las detenciones arbitrarias de que fue víctima en noviembre y diciembre de 2021.
“Esta es una historia que inevitablemente será contada muchas veces, hasta que por fuerza de perseverancia pueda alcanzar la verdadera justicia y se juzguen a los militares, policías y 'otros' involucrados en las detenciones arbitrarias perpetradas contra mi persona el día 12 de noviembre y 10 de diciembre del pasado año”, sostuvo Sariego en un post publicado en su perfil de Facebook.
La activista relató cómo, luego de haber sido citada en el Estado Mayor de la Fiscalía de ese territorio vía telefónica, por el teniente coronel Alfredo Cruz Morales, para darle respuesta a su denuncia, este no se presentó y mandó a dos de sus subordinados a que la despacharan en la garita de esa entidad.
“El Capitán Darían me explica que 'bondadosamente' revocan las actuaciones antes archivadas por Fiscalía Militar Regional, que esta queja, la nuevecita, está radicada con el #RE-123/2022, amparada en el antojo y apreciación de un grupo de fiscales, por lo tanto sin fundamentos de hecho ni de derecho”, explicó en su post.
Sariego afirmó que cuando pidió reiteradamente al oficial que le entregara una copia por escrito del auto de revocación, este se negó tajantemente a proporcionársela.
“Los ciudadanos de este archipiélago no tenemos derecho a DENUNCIAR los delitos cometidos por policías y militares, ni a exigir responsabilidad penal; para ellos aplica el Derecho Penal SOCIOLISTA, solo tienes la migajita de quejarte”, comentó.
La denuncia sobre la actuación de miembros de las fuerzas represivas había sido presentada antes por Sariego en el Tribunal Popular de Matanzas, que le había notificado que no poseía jurisdicción sobre “esas supuestas violaciones de la legalidad” y debía conducir sus denuncias a alguna fiscalía o unidad de la PNR.
Sariego reprodujo en su publicación el artículo 116 de la Ley número 5, Antigua Ley de Procedimiento Penal, que estaba vigente cuando interpuso su denuncia. El artículo enuncia que “el que presencie la perpetración de un delito perseguible de oficio o en cualquiera otra forma tenga la certeza de que se ha cometido, está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de un TRIBUNAL”.
Y terminó conminando al oficial que la atendió a que repitiera con ella que “donde la ley no distingue, no cabe la interpretación de ningún fiscal o presidente de tribunal”.
En cuestión de un año, Sariego pasó de dependienta a opositora, por denunciar la corrupción y abusos de poder en el establecimiento comercial donde trabajaba en la ciudad de Cárdenas.
Tras su detención el pasado 12 de noviembre, estuvo siete días encarcelada, las primeras 24 horas en desaparición forzada, luego de presentar en la Fiscalía Municipal de Cárdenas una denuncia contra el General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior.
Sariego consideraba que el ministro, en su condición de jefe de la institución que vulnera sus derechos, era el responsable del hostigamiento que ella estaba sufriendo desde 2020.
Una veintena de policías y agentes del Departamento de la Seguridad del Estado rodearon su casa bajo la excusa de que la llevarían a la estación policial para dar respuesta a su denuncia.
Fue detenida con violencia y uno de los policías que la introdujo en la patrulla, la amenazó de esta forma: “Blanquita, te picamos en cuadritos, te desaparecemos y nadie se entera”.
Se convirtió, así, en una de las cerca de 80 personas detenidas en Cuba en el marco de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.
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