La madre del manifestante del 11J, Jorge Arias García, reclama ayuda para que se le haga justicia a su hijo, quien fue condenado a 12 años de prisión por protestar pacíficamente en la ciudad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y desde hace dos semanas espera el resultado de la apelación de su sanción.
Susana García Villa declaró este domingo a Radio Televisión Martí que necesita “ayuda para que se haga justicia, tanto para él como para los otros presos injustamente encarcelados”.
“Por todo lo vivido desde el día 11 de julio hasta hoy, no esperamos justicia del hombre. Tengo mi fe puesta en Dios. No somos opositores, somos gente del pueblo buscando la justicia que aquí no hemos hallado”, sostuvo García Villa.
También afirmó que “todo esto es una hábil mentira. Mis hijos salieron a la calle como el resto del pueblo de Palma, a manifestarse pacíficamente. En Palma Soriano no hubo ningún tipo de violencia ni de vandalismo, como ellos [el régimen] han querido hacer ver”.
Asimismo, insistió en denunciar cómo fue arrestado su hijo, por “la manera en que fue golpeado salvajemente”.
“Muchos pensaron que mi hijo no volvería a ver. También los 12 años que le llegaron de sentencia sin una prueba de lo que se le acusa. Las evidencias demostraban todo lo contrario, pero el tribunal no las aceptó. Fue arrestado frente al Partido, a golpes”, argumentó la madre de Arias García, de 38 años y juzgado bajo los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, resistencia y denegación de auxilio y desobediencia.
“El abogado hizo una espectacular defensa. Se demostró que nada de lo que se dijo era cierto, quedó confirmada la inocencia de mi hijo de todo lo que se le acusa injustamente. Se pensó que todos volverían a casa lo más pronto posible. La sentencia la dieron el 4 de mayo del 2022”, dijo.
Su hijo está recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato. García Villa también demanda la liberación de los otros 15 manifestantes que fueron sancionados junto a su hijo, incluida su hermana Elizabeth Arias, quien fue condenada a cuatro años de correccional sin internamiento a finales de 2021.
Los hermanos Arias fueron acusados por la Fiscalía de tocar en las puertas de sus vecinos para que salieran a manifestarse en las calles el 11 de julio último.
"Lo que han hecho con esos muchachos no tiene nombre. Juicios amañados, llenos de mentiras", denunció la madre del activista Daniel Fernández Álvarez, condenado a siete años de cárcel, tras la celebración del juicio en el Tribunal Municipal de esa localidad.
Juana Álvarez Elegía relató que a su hijo le impusieron esos años de cárcel porque se enfrentó al cordón policial de los represores.
Otro de los sentenciados fue Andrés Lugo Pérez, a quien le impusieron una condena de ocho años por desacato, desórdenes públicos y atentado, en un juicio que se realizó en diciembre último y que no fue trasparente, según sus propias declaraciones.
"El juicio duró más de 12 horas. Los testigos de la fiscalía eran todos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado", denunció en esa ocasión Álvarez Elegía.
También se sancionó al pastor Lorenzo Rosales Fajardo a siete años de privación de libertad, lo que generó una ola de críticas por parte de familiares y feligreses.
"Nosotros somos patriotas que conocimos la libertad ese 11 de julio. Lo que se hizo ese día fue una marcha pacífica no violenta para exigir los derechos que nos han arrebatado por tantos años. Fue un pueblo que se cansó de dictadura, de tanto maltrato y mentira", subrayó Lugo Pérez.
Palma Soriano, con 122,000 habitantes, fue uno de los 60 territorios donde se registraron manifestaciones de protestas el 11 de julio contra el régimen, además de exigir mejoras económicas y sociales.
Las protestas en esa ciudad trascendieron, además, porque los ciudadanos le gritaron "asesino" a Ramiro Valdés Menéndez, enviado para intentar tranquilizar a los manifestantes que salieron a las calles ese día.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: