CIDH preocupada por la falta de derechos de mujeres y comunidades vulnerables en Cuba

La organización afirma que en la isla la discriminación laboral resulta un problema grave que afecta de manera específica a las personas afrocubanas, a la población LGBTI y a las mujeres.

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Mujer cubana Foto © CiberCuba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación por el deterioro de la situación socioeconómica en Cuba y el impacto que esto tiene en los derechos de las mujeres y otras comunidades vulnerables.

La Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), asociada a esta organización continental, expresó su inquietud por el empeoramiento de las condiciones para el goce de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en Cuba, especialmente de las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Esta oficina autónoma, creada para velar por la protección de estos derechos fundamentales en el continente americano, instó al Estado cubano a implementar los estándares interamericanos y los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

La oficina dijo tener conocimiento, luego de reunirse con organizaciones de la sociedad civil, sobre el aumento exponencial de la pobreza en el país, el deterioro de servicios públicos esenciales, la aguda escasez de alimentos y productos de primera necesidad, las restricciones a la libertad de elección profesional, así como vulneraciones a los derechos laborales fundamentales. Según su parecer, esta situación se ve particularmente agravada por la crisis de institucionalidad democrática en Cuba.

En especial, REDESCA monitoreó la situación de los derechos laborales y sindicales en Cuba y denuncia que la discriminación laboral resulta un problema grave y estructural que afecta de manera específica a las personas afrocubanas, a la población LGBTI y a las mujeres.

En el caso de los derechos de las mujeres, la Relatoría destaca que ha podido comprobar, a partir de decenas de testimonios, la violencia ejercida contra ellas y la persistencia de estereotipos de género que perpetúan los roles de cuidado y las tareas del hogar como un deber y una responsabilidad no remunerada, lo que contribuye a mantener la brecha de género.

En su informe, REDESCA concluye que este panorama resulta un impedimento para el acceso al trabajo de calidad o el establecimiento de relaciones laborales en condiciones de igualdad, situación que se agrava en el caso de mujeres afrodescendientes.

Asimismo, condenó la violencia ejercida por el Estado contra mujeres activistas, opositoras y defensoras de la democracia.

Hace apenas unos días, en su informe anual correspondiente a 2021, la CIDH calificó como graves las violaciones a los derechos humanos y los ataques a la institucionalidad democrática en Cuba.

En ese informe, la CIDH criticó la falta de datos estadísticos oficiales sobre los actos de violencia contra las personas LGBTI en Cuba y que la legislación vigente no define la discriminación contra la mujer, ni tiene un marco de protección contra la violencia de género que tipifique el feminicidio.

“No hay datos oficiales de la situación de violencia y discriminación contra las mujeres en el país”, subrayó el documento.

En este sentido, la organización había mostrado su preocupación por los 11 feminicidios denunciados por la sociedad civil independiente, así como los actos de acoso, intimidación, y violencia sexual y de género en el marco de las protestas del 11J.

A principios de mayo, la organización manifestó su preocupación tras la aprobación del nuevo Código Penal en Cuba.

“Ante la aprobación del nuevo Código Penal el 15 de mayo, la CIDH y la Relatoría Especial de la CIDH expresan preocupación por tipos penales que pudieran emplearse para criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación”, dijo la CIDH desde su cuenta oficial en Twitter.

En marzo pasado, la organización continental también había expresado su inquietud ante las desproporcionadas e injustas condenas por sedición contra manifestantes del 11J.

En una publicación en su cuenta de Twitter, la organización refirió que es obligación del Estado adoptar medidas necesarias para evitar que se sometan a juicios injustos o infundados a quienes “de manera legítima reclaman sus derechos” con la protesta social.

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