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Aymara Nieto aún encarcelada y sin respuestas de apelación a otra condena del régimen

Desde mayo cumplió la sentencia que la mantiene en la cárcel desde 2018, pero aún podría enfrentar otra condena de cinco años más de privación de libertad, que apeló desde febrero último.

Aymara Nieto Muñoz, Dama de Blanco y presa política de Cuba. © Facebook / Estado de SATS
Aymara Nieto Muñoz, Dama de Blanco y presa política de Cuba. Foto © Facebook / Estado de SATS

Este artículo es de hace 1 año

La Dama de Blanco y presa política Aymara Nieto aún no tiene respuesta de su apelación a la nueva condena de cinco años y cuatro meses de cárcel impuesta por el régimen en febrero último.

Desde el 4 de mayo ya ella cumplió la sentencia que la ha mantenido en la cárcel desde 2018, aseguró a Radio Televisión Martí su esposo, Ismael Boris Reñí.

“Ella se encuentra pendiente, porque ya cumplió su sanción, esperando la nueva causa del supuesto delito del motín en el Guatao”, puntualizó al citado medio Boris Reñí este martes.

Explicó, además, que el recurso de apelación a la segunda causa impuesta por supuestos “desórdenes en un establecimiento penitenciario” contra la también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue presentado el 17 de febrero último y a la fecha no han recibido respuestas de las autoridades.

También denunció que Aymara pasó dos meses aislada en una celda de castigo en condiciones inhumanas y sin contacto con sus familiares.

“En este momento tenemos comunicación con ella. La sacaron de la celda el día 25 de mayo, lo único que está enfrentando es el problema de la presión (arterial) y la sacro lumbalgia”, dijo, además.

Boris Reñí comentó también que Aymara envió de vuelta a su casa los medicamentos que disponía, porque “pensaba que ya ella había cumplido su causa y le iban a dar la libertad el día cuatro, y mandó todos esos medicamentos para acá, puesto que allí, en el penal, es muy difícil mantener los medicamentos de la presión y vitaminas, que es lo fundamental para la sacro lumbalgia”.

Según le comentó el abogado de ella, dijo, el recurso de casación demora y hay que esperar que baje. Por el momento, añadió, la mantienen en un destacamento de ‘pendientes’ en la misma prisión de Las Tunas, donde se encuentra recluida desde marzo de 2020, a más de 600 kilómetros de la capital cubana, donde reside su familia.

La Dama de Blanco fue juzgada por videoconferencia 7 de febrero, en un proceso plagado de irregularidades y de fallos en la conectividad, según denunció en esa ocasión su esposo.

El juicio sesionó en el Tribunal Popular Provincial de Ciudad de La Habana, mientras ella asistía de forma remota desde Las Tunas.

“Fue un juicio manipulado por la Seguridad del Estado” para incriminar a la activista y aumentar su condena, dijo Boris Reñí sobre el segundo proceso penal desde su detención en mayo de 2018, tras lo cual fue acusada y sentenciada, 11 meses después, a cuatro años de privación de libertad por los delitos de atentado y daño.

Ahora enfrenta cinco años más porque el régimen pretende involucrarla como promotora del motín de 2020 en la cárcel del Guatao, que provocó un incendio en medio del cual la propia Aymara quedó atrapada, “encerrada en la celda, con gran peligro para su vida”, según declaraciones previas de su esposo.

El ensañamiento del régimen cubano con la opositora se debe a su postura frontal contra la dictadura y a las peregrinaciones de domingo que protagonizaba junto al resto de las Damas de Blanco en La Habana. Fue precisamente un arresto arbitrario para impedir su marcha lo que inició su procesamiento penal en mayo de 2018.

En 2016 ya había sido sancionada a un año de privación de libertad y, según declaraciones de la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, “por orden del DSE le han fabricado un nuevo delito para encausarla e imponerle una petición fiscal de cinco años más de prisión de libertad con internamiento”.

La propia Soler Fernández denunciaba en marzo de 2021 que Aymara fue llevada a celda de castigo durante dos semanas y privada de toda comunicación con su familia, “por no aceptar ir a realizar trabajo forzoso”.

Su caso ha sido visibilizado por la sociedad civil cubana, organizaciones de derechos humanos y forma parte de la campaña “¿Presos Por Qué?” impulsada del gobierno de Estados Unidos, además de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en abril último expresó su preocupación por su salud en prisión.

En noviembre pasado, la familia de Aymara, incluida sus dos niñas, realizó un viaje azaroso, por tramos, de La Habana a Las Tunas para visitar a la activista. A veces en autobús, otras veces en coche tirado por caballos, las pequeñas tuvieron que recorrer junto a su padre más de 600 kilómetros para reunirse con su madre después de dos años sin verla.

Dificultar el envío de alimentos, medicinas y las visitas a los reos, usando el traslado de reclusos hacia centros penitenciarios distantes de sus hogares, es una de las prácticas del régimen de La Habana -especialmente en el caso de los presos políticos y de conciencia, en represalia por su activismo-, que viola las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

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