Yanilys Sariego Acosta, activista cubana acosada por los represores del régimen cubano, presentó este martes una demanda contra la Fiscalía Provincial de Matanzas y el órgano de instrucción penal de le Seguridad del Estado por vulneración de sus derechos constitucionales.
La joven, residente en Cárdenas considera que estas instituciones represoras han violado sus derechos fundamentales, como el de no ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Tampoco se siente amparada en su derecho a solicitar y recibir información veraz, objetiva y oportuna por parte del Estado cubano, o el de obtener una tutela jurídica efectiva o disfrutar del derecho al debido proceso, tanto en el ámbito judicial corno administrativos, y a las garantías específicas en el proceso penal.
Sariego Acosta considera que, en su caso, el Estado cubano ha violado los artículos 51. 53, 92, 94 y 95 de la Constitución Nacional, que establecen formalmente la protección de los derechos invocados. En ese sentido, demandó amparo de sus Derechos Constitucionales.
Para ello invocó la Ley 153/2022, “Del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales”, y señaló a los que considera responsables de la represión ejercida contra ella por su activismo y las denuncias que hace de la corrupción o la represión a través de las redes sociales.
“Las guerras no son simbólicas y la sed de justicia es como el agua salada, mientras más se acumulan los atropellos y los desmanes, más sed producen. No espero un trato justo, no espero siquiera la victoria, los gladiadores no sueñan con salir vivos de las batallas sino dar su mejor combate”, declaró Sariego Acosta en un post de Facebook en el que compartió imágenes del documento con la denuncia presentada ante las autoridades cubanas.
La joven, que trabajaba como dependienta en la cadena de tiendas Caracol, denunció la corrupción y abusos de poder en el establecimiento en el que laboraba. En noviembre de 2011, Sariego Acosta fue una de las cerca de 80 personas detenidas en Cuba, en el marco de la marcha cívica por el cambio del 15N.
Su creciente activismo en redes exacerbó el acoso de la Seguridad del Estado contra ella. El 12 de noviembre de 2021 fue detenida tras acudir a la fiscalía de Cárdenas en busca de amparo legal y estuvo más de 24 horas en paradero desconocido.
Tras varias citaciones con la Seguridad del Estado y la Fiscalía, en las que ha sido amenazada y maltratada por hacer uso de su libertad de expresión y por el activismo del periodista Waldo Fernández Cuenca, de quien fue pareja, Sariego Acosta permaneció en un limbo jurídico por más del tiempo del que establece la ley cubana para procesar legalmente a un sospechoso.
"Aquí se están llevando a las personas sin una orden del fiscal ni un juez. Lo vienen a detener personas de la Seguridad del Estado, que no les dan una explicación a los ciudadanos de este país. Se lo llevan arbitrariamente y eso es ilegal", denunció la joven en el contexto de la represión posterior a las históricas protestas del 11J en Cuba, en una situación en la que un agente sin nombre intentó arrebatarle el teléfono con el que filmaba de un manotazo para que no reportara la detención arbitraria de Fernández Cuenca.
En su demanda de este martes, la activista indicó que “el proceso penal del cual soy parte en calidad de imputada comenzó a tramitarse en fecha 19 de noviembre del año 2021. sin que hasta la fecha de presentación de este escrito se haya concluido la fase preparatoria del mismo”.
Según reflejó en su escrito, este plazo de tiempo es “más del doble del término previsto por ley para el agotamiento de la misma”. Al momento de presentarlo, la demandante aseguró no haber sido notificada por las autoridades de nada en relación con su proceso.
“Desde el comienzo, el proceso he estado marcado por la opacidad, el irrespeto a mi dignidad e integridad física, psíquica y moral, mediante coacciones para forzarme a aceptar soluciones alternativas que no se ajustan con la realidad y violentan mis derechos, así como la negativa a aportar la información necesaria para poder ejercer el derecho a la defensa de manera efectiva”, expuso la demandante en su escrito.
En el post de Facebook en el que hizo pública su demanda la activista de Cárdenas señaló como violadores de sus derechos a la Fiscal Jefa Provincial, Daysi Ramírez Naranjo, a la Vicefiscal jefa Provincial, Ivis Pérez Álvarez, y al Teniente Coronel Roger Borges Falcón de la Seguridad del Estado.
De este último dijo sentir “pena del historial de represión que cargas en tu espalda y del cual no podrás eludir la responsabilidad como violador de Derechos Humanos, será tu cruz, tu pesada cruz”.
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