El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó la demanda que interpuso la activista cubana Yanilys Sariego Acosta contra la Fiscalía y la Seguridad del Estado.
El lunes pasado, la jueza y secretaria del tribunal municipal de Cárdenas, donde reside, le notificó la resolución emitida por la sala de amparo de los derechos constitucionales de la instancia superior.
Según detalló Yanilys en su muro de Facebook, el tribunal provincial alegó que no tenía jurisdicción para conocer su demanda, pues ya han pasado 303 días desde que la Fiscalía le impuso medidas cautelares (el término que concede la ley son 180 días) y ella mantiene su condición de imputada en un proceso penal, aunque no le precisan de qué delito la acusan.
"Sigo sin saber de qué carajos se me acusa para alegar que soy imputada, y además, que dicho delito es competencia del conocimiento de los Órganos de la Seguridad del Estado, poniéndome nuevamente en estado de indefensión, y esta vez perpetrado por un tribunal de la república de Cuba, que debe proteger mis derechos fundamentales", cuestionó.
La activista presentó en agosto una demanda contra la Fiscalía Provincial de Matanzas y el órgano de instrucción penal de la Seguridad del Estado, a los que acusó de vulnerar sus derechos constitucionales por haberla sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
En la respuesta que recibió esta semana, el tribunal, además de rechazar su petición, no se pronuncia sobre otras cuestiones denunciadas por ella, como la falta de acceso a su expediente, la falta de transparencia, las violaciones contra su dignidad y el trato inhumano que le han dado las autoridades.
"Ustedes no respetan la toga que llevan puesta y en consonancia con su actuar, los cubanos hemos dejado de respetarlos a ustedes como funcionarios públicos", dijo Yanilys a los jueces.
La mujer recordó que como en Cuba hay una dictadura, los ciudadanos sufren las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por la "lacra" de funcionarios públicos.
"Ustedes un día van a estar sentados en un estrado, pero esta vez será en calidad de acusados. Que el mundo observe el nivel de corrupción judicial que ha calado las instituciones públicas, hasta el punto de postrarse ante el Partido Comunista y el grupo de matoncitos que se hace llamar Seguridad del Estado", afirmó.
"Por mi parte, no voy aceptar negociación sin restitución de mis plenos derechos. La historia continúa...", concluyó.
En su demanda interpuesta en agosto, Sariego Acosta aludió a la Ley 153 de 2022, "Del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales", y acusó al régimen de perseguirla por sus denuncias en las redes las sociales contra la corrupción.
En noviembre de 2011, pasó siete días encarcelada tras presentar en la Fiscalía Municipal de Cárdenas una denuncia contra el General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior.
Todo comenzó en 2020, cuando acusó de violaciones a los derechos del trabajador y de corrupción a directivos de la Empresa Caracol en Varadero, donde trabajaba como dependiente comercial.
"Allí todo era irregular con los inventarios y los negocios que hacían los jefes", dijo Sariego Acosta a CiberCuba. Ella reclamó y la echaron a la calle. "Falsificaron una nómina bancaria para expulsarme", subrayó.
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