Dos personas invidentes de Las Tunas denunciaron el abuso policial de agentes “del orden público” contra ellos por comercializar productos.
El cubano Divany Peña denunció en sus redes sociales que a él y a Aliuska Oliva Heredia los detuvieron este lunes y los condujeron a una unidad policial por vender "productos ilícitos" que, en palabras de Peña "seguro que no afectan a la economía del país, pues no son robados, ni se compran aquí".
A Peña y Oliva les incautaron la mercancía que vendían en el centro de la ciudad de Las Tunas -pegamento Kola Loca, cuchillas de afeitar y pilas, entre otros-, sin tener en cuenta que son "personas discapacitadas que tenemos familia y vivimos de las pocas ganancias que aportan estos productos", escribió el tunero.
"Denuncio todos los abusos que se cometen a diario por parte de la policía y el cuerpo de inspección de esta provincia", recalcó el ciudadano que aseguró recibir una pensión mínima de 1,500 pesos con los cuales no se sobrevive en Cuba.
Además de la confiscación de la mercancía, los dos cubanos tendrán que pagar con su escasa mensualidad una multa por la venta ilícita.
Según trascendió en su publicación, una pareja de policías encabezada por el agente de orden público "Simón", llegó al lugar sin presentarse y exigió el carné de identidad de los vendedores para, acto seguido, llamar a una patrulla.
En la estación de policía, prosiguió Peña, estuvieron desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, cuando finalmente los atendieron. No recibieron atención alguna, ni alimentación ni agua.
La arbitrariedad policial contra ellos resulta, en palabras del tunero, un acto cruel. A causa de su discapacidad no pueden desempeñarse en otros trabajos y la comercialización de esos productos es la vía para ganarse el sustento.
"Pienso que actuando de esta manera el gobierno cubano se ha divorciado de las obligaciones que tiene hacia personas con estas condiciones", sentenció Peña.
Los cubanos con discapacidades físicas reciben una pensión ínfima con la cual el gobierno pretende que sobrevivan en un país con una de las mayores inflaciones del mundo e insertos en una grave crisis de escasez de alimentos.
Recientemente trascendió el caso de una joven camagüeyana con limitaciones físicas provocadas por un accidente, que solo percibe una pensión de 812 pesos al mes, casi una tercera parte del salario mínimo.
Aunque la ministra de Trabajo y Seguridad Social en Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera, reconoció que los salarios y pensiones en la isla no alcanzaban, las autoridades persiguen y asfixian a aquellos individuos que requieren de un ingreso extra para subsistir.
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