Al menos nueve cubanos, cinco periodistas ciudadanos, dos personas dedicadas a verificar información y otras dos interesadas en participar, habrían recibido amenazas de cárcel, despido y represalias contra sus familiares por colaborar o intentar colaborar con el boletín independiente Páginas Villareñas, en Santa Clara, Villa Clara, según denunció el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
Las intimidaciones, atribuidas a oficiales de la Seguridad del Estado, ocurrieron entre abril y octubre de 2026 y afectaron no solo a periodistas ciudadanos, sino también a personas que verificaban información o habían mostrado interés en publicar denuncias sobre problemas de sus comunidades.
De acuerdo con el informe divulgado por el ICLEP el 31 de octubre, los afectados recibieron advertencias de procesamiento penal por supuesta «usurpación de funciones públicas», además de amenazas de perder sus empleos.
El director de Páginas Villareñas, Alberto Hernández González, aseguró haber recogido personalmente los testimonios de las nueve personas.
Amenazas de prisión y represalias contra familiares
Entre los afectados se encuentran cinco periodistas ciudadanos que habían publicado informaciones sobre problemas cotidianos en Santa Clara, como la acumulación de basura, deficiencias en servicios médicos, dificultades del transporte y afectaciones en la educación.
Uno de los casos denunciados ocurrió el 18 de mayo, cuando un profesor de natación fue visitado en su centro laboral por un hombre que se identificó como «teniente Ariel».
Según el testimonio recogido por el ICLEP, el oficial lo amenazó con despedirlo y le advirtió que sus dos hijos pequeños «podían crecer con su padre en una prisión» si continuaba escribiendo para el boletín.
En otro episodio, ocurrido el 19 de agosto, un colaborador que había publicado una noticia sobre la suspensión de un servicio de transporte recibió una advertencia de que podía ser procesado penalmente si seguía ejerciendo el periodismo ciudadano.
Las presiones también habrían alcanzado a un matrimonio dedicado a verificar informaciones del boletín. Según la denuncia, oficiales policiales les advirtieron que continuar colaborando podría perjudicar las aspiraciones universitarias de su hijo.
Ni siquiera quienes todavía no habían publicado información quedaron al margen de las amenazas.
Dos ciudadanos interesados en colaborar con Páginas Villareñas denunciaron visitas de agentes a sus centros laborales. Ambos desistieron de participar después de recibir advertencias de cárcel y pérdida del empleo, según la organización, que mantiene sus identidades en reserva.
El episodio más reciente documentado ocurrió el 2 de octubre, cuando un profesor de inglés que había escrito sobre problemas sanitarios, contaminación ambiental y apagones recibió amenazas de procesamiento penal y despido. El oficial también utilizó la situación de salud de su madre para presionarlo, de acuerdo con el informe.
Las amenazas provocaron la retirada de colaboradores, según el ICLEP
Hernández González explicó que comenzó a investigar las presiones cuando varias personas que habían acudido al boletín para presentar denuncias dejaron de comunicarse repentinamente.
El 9 de octubre decidió visitarlas personalmente y descubrió que, según sus testimonios, habían sido intimidadas por oficiales de la Seguridad del Estado. Posteriormente contactó con otros colaboradores que habían abandonado sus actividades y encontró relatos similares.
El Observatorio confirmó que los cinco periodistas ciudadanos mencionados habían firmado artículos en distintas ediciones de Páginas Villareñas y verificó sus vínculos con el boletín mediante registros internos.
No obstante, reconoció que no pudo corroborar de manera independiente las amenazas denunciadas, debido a que los incidentes ocurrieron sin testigos externos.
Antecedentes de detenciones y amenazas
Las denuncias se suman a otros episodios de hostigamiento reportados contra integrantes de Páginas Villareñas.
El 1 de marzo de 2026, dos colaboradores del ICLEP fueron detenidos en Villa Clara mientras distribuían ejemplares del boletín.
Según la organización, permanecieron aproximadamente seis horas bajo custodia policial, les confiscaron unos 60 ejemplares y recibieron amenazas de procesamiento penal por presunta «usurpación de funciones públicas» y «violación del orden constitucional».
El ICLEP señaló que uno de los oficiales involucrados en aquel interrogatorio utilizó el mismo nombre con el que se identificó un agente mencionado en cuatro de los nuevos testimonios.
El Observatorio considera que las presiones denunciadas buscan impedir la publicación de informaciones comunitarias y desalentar a los ciudadanos que desean denunciar problemas locales.
La organización recordó que los artículos 54 y 55 de la Constitución cubana reconocen las libertades de expresión y de prensa, y solicitó a los mecanismos internacionales de derechos humanos dar seguimiento a estos casos.
Vídeos relacionados:
Archivado en: