La Policía española detuvo a nueve personas en la ciudad de Tarragona, en Cataluña, que se dedicaban a tramitar a ciudadanos de origen cubano la nacionalidad y permisos de residencia a cambio de pagar entre 6 mil y 10 mil euros.
La trama fue descubierta al detectarse una serie de solicitudes de autorización de residencia por arraigo familiar que resultaron sospechosas.
Cuando los agentes averiguaron, encontraron que se usurpaba la identidad de ciudadanos españoles ya fallecidos para simular una relación de parentesco con los cubanos.
La red criminal primero captaba cubanos interesados en obtener la residencia o nacionalidad en España de manera fraudulenta. Luego buscaba ciudadanos españoles de origen fallecidos para solicitar sus partidas de nacimiento y poder así falsificarlas.
Finalmente, la tercera fase consistía en falsificar las partidas de nacimiento de los propios clientes haciendo constar en ellas un progenitor falso.
Este modus operandi se utilizaba para expedir permisos por todo el Estado español.
Durante el operativo policial -en el que participaron la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Tarragona- fue intervenida numerosa documentación falsa y no se descartan más arrestos, según precisa la prensa local.
De los nueve detenidos, dos son considerados como autores intelectuales de la trama. Los sujetos -cuyas identidades no han trascendido- fueron imputados por los delitos de falsedad documental, favorecimiento de inmigración ilegal y pertenencia a una organización criminal.
No es la primera vez en los últimos años que las autoridades españolas desmantelan una red dedicada a favorecer la inmigración ilegal de cubanos en España.
En 2019, un total de 132 personas fueron puestas bajo investigación en Santa Cruz de Tenerife, en Islas Canarias, por formar parte de una organización dedicada a falsificar documentos que serían utilizados para facilitar la entrada de migrantes fundamentalmente cubanos y venezolanos.
En ese caso la organización criminal falsificaba los justificantes de envíos de dinero, que son necesarios presentar una vez que un extranjero nacionalizado pide la reagrupación de familiares que viven fuera de España y que dependen económicamente de él.
Unos años antes, en 2014, la Policía detuvo a 12 personas en Valencia y a otras dos en Madrid tras desarticular una red que falsificaba documentos para obtener la nacionalidad española, en ese caso al amparo de la Ley de Memoria Histórica.
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