Las autoridades de Matanzas han impuesto más de 160 mil pesos de multa y retirado más de 60 licencias a transportistas privados, a quienes acusa de cometer indisciplinas en el traslado de la población, sobre todo en relación con los precios.
Según Jacinto Tarifa Fernández, director de la Unidad Estatal de Tráfico, el sector cuenta con unos 5,000 cuentapropistas, quienes deben asumir los precios del pasaje fijados por los consejos de administración municipal, pero no siempre lo hacen.
El directivo informó que para contrarrestar el aumento de ilegalidades se han aplicado 250 multas por un valor total de 160 mil pesos, que han propiciado que 180 dueños de autos inicien trámites para legalizar su licencia.
"El trabajador por cuenta propia está identificado con una pegatina, un listado de precio, y todo medio de transporte que no lo tenga es ilegal y no cuenta con la garantía de seguridad para convertirse en un transportista público", dijo al semanario Girón.
Tarifa Fernández señaló que el objetivo principal es que los transportistas practiquen el ejercicio de manera legal, sobre todo ahora que, por motivos del aislamiento por la pandemia, más de 5,000 cuentapropistas cancelaron sus licencias, casi la mitad del total.
"Lo más importante es que hemos logrado que estos actores vean la necesidad de sacar una licencia; aunque reconocemos que la cifra es insuficiente, dada la cantidad de ilegales que recogen pasajes cada día, cobrando precios abusivos", recalcó.
También se refirió a ciertas modalidades ilegales que se han extendido hasta convertirse en algo habitual, como los vehículos con licencia que llegan a una piquera y alquilan a una sola persona, algo que está prohibido.
"Eso no lo contemplan los trabajadores por cuenta propia. Nos referimos a los legales. Usted puede prestar el servicio puerta a puerta si el cliente lo llama, pero no tiene la facultad para llegar a la piquera y decir que se alquila por una sola persona. Esa modalidad que tienen los coches y los autos, que se da en los hospitales, es una violación", subrayó.
Tarifa Fernández se quejó de que la acción de los inspectores a veces se ve anulada por la escasez de transporte público, y la población defiende a los choferes, aunque les estén cobrando el pasaje a sobreprecio.
"Cuando hacemos acto de presencia, se montan en los motores y los autos y se van; pero se van para la otra esquina y siempre encuentran pasajeros", dijo.
En marzo pasado, la prensa oficialista criticó a los choferes de motos y bicitaxis que prestan servicio de transporte en Matanzas por subir los precios, alegando el aumento del valor del combustible y la escasez de piezas de repuesto.
Girón afirmó entonces que imperaba la ley de oferta y demanda y que los transportistas no fijaban una tarifa máxima según el tramo recorrido, solo mediaba un acuerdo verbal previamente establecido con los bicitaxeros o motoristas de la piquera.
"Aquí impera la ley del más fuerte. Si no pagas lo pedido, te quedas. Si te quejas, tampoco montas. Si intentas ajustar un precio, los restantes transportistas casi lincharán al que acceda por tal de no poner en peligro la intocable tarifa. Si amenazas con denunciarlos a un inspector, nunca más pondrás un pie (por no decir otra parte del cuerpo) en ninguno de esos artefactos", aseguró la periodista Jessica Acevedo.
Esta semana, el gobierno cubano reconoció la crisis en la transportación de pasajeros en el país.
Según el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, el plan de transportación se cumple este año solo al 59%, debido a factores como el bajo coeficiente de disponibilidad técnica (CDT) del parque de vehículos, las limitaciones con el combustible y las pérdidas en las empresas transportistas.
Rodríguez Dávila agregó que en 2022 se estimó transportar 1,733 millones de pasajeros, un 17% menos que lo pactado antes de la pandemia de coronavirus, pero solo se pudo mover a 1,500 millones de personas.
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