Un pastor de una iglesia baptista de Miami fue condenado a prisión por participar en una trama fraudulenta que pretendía obtener más de un millón de dólares en préstamos del Programa de Protección del Salario (PPP) en el marco de la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES).
Elie Floradin, de 59 años, autodenominado pastor principal de la iglesia baptista New Bethel de Miami, fue sentenciado a 48 meses de prisión federal por hacer que un intermediario presentara repetidamente solicitudes de PPP falsas y fraudulentas, en las que se solicitaban fondos de ayuda federal COVID-19 para empresas que no existían, expresó en un comunicado el Fiscal del Distro Sur de Florida.
Entre las empresas fantasmas se encontraba una agencia de empleo a través de la cual Floradin afirmaba pagar aproximadamente 960,000 dólares en salarios anuales a docenas de empleados cuando, en realidad, tal empresa no existía.
Después de recibir con éxito un préstamo PPP inicial de aproximadamente 200,000 dólares, el pastor presentó tres solicitudes fraudulentas más en nombre de su agencia de contratación inexistente, solicitando aproximadamente 600,000 dólares en ayudas, pero fueron denegados.
Sin embargo, tras la declaración de culpabilidad de Floradin, el gobierno tuvo conocimiento de otro préstamo PPP fraudulento anterior, presentado con éxito en nombre de otra entidad corporativa del hombre, que causó el desembolso de aproximadamente 336,000 dólares.
En la sentencia, Floradin admitió que solicitó fraudulentamente más de un millón de dólares, y que recibió más de la mitad de esa cantidad, en fondos de ayuda COVID-19.
Además de su pena de prisión, se le ordenó que devolviera 535,996 dólares en forma de restitución a los Estados Unidos.
El programa PPP de la Ley CARES permitía a las pequeñas empresas y otras organizaciones que reunieran los requisitos necesarios recibir préstamos con un plazo
de vencimiento de dos años y un tipo de interés del 1%.
Los ingresos de los préstamos PPP debían ser utilizados por las empresas en costes de nóminas, intereses de hipotecas, alquileres y servicios públicos.
Recientemente trascendió que otras siete personas residentes en Florida fueron condenadas a prisión por una conspiración de fraude del Programa de protección de cheques de pago (PPP) para obtener beneficios de los préstamos en virtud de la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica contra el coronavirus.
Las personas presentaron aproximadamente 20 solicitudes de préstamo fraudulentas a la Administración de Pequeñas Empresas (APP).
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