En días pasados la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer un informe sobre las acciones emprendidas en el pasado 2023 para fortalecer el control de las ilegalidades, especialmente en entidades económicas y de servicios. Según Granma, la FGR ejecutó a lo largo de 2023 más de 400 acciones de control, en las que se exigieron responsabilidades disciplinarias a más de 2,000 personas, de ellos el 55 por ciento eran directivos y funcionarios.
La FGR notificó que se habían recibido más de 600 denuncias de la población, en las que un 58,8 por ciento asistía la razón al denunciante y para camuflar la esquizoide compulsión por el control mienten diciendo que estas acciones se “realizaron fundamentalmente en sectores implicados en temas estratégicos para el desarrollo de la economía del país o vinculados a políticas sociales que favorecen a las personas en situación de vulnerabilidad”.
Para dar una sensación de desvelo y de auténtica preocupación hacia los problemas más acuciantes de la sociedad cubana, el régimen promueve una hipócrita cruzada contra las ilegalidades sin asumir, por lo menos públicamente, que es el propio Gobierno quien las promueve y facilita con sus sistemas descontinuados, su rampante descontrol y las políticas asfixiantes con que pretenden mantener a un pueblo cada vez más envejecido y dependiente.
Con su conocida tendencia a la manipulación, el órgano oficial del partido comunista en el poder, no tuvo más alternativa que confesar un grupo de violaciones que han afectado procesos “bien organizados” y largamente propagandizados, pero que han demostrado su inoperancia y nulidad, como el otorgamiento de subsidios constructivos a personas vulnerables, la entrega de tierras en usufructo, la distribución, control y uso del combustible y las inspecciones gubernamentales a instituciones administrativas.
La Fiscalía reveló que directivos y funcionarios dieron informaciones falsas sobre viviendas terminadas, retrasaron la elaboración de documentación sensible, se implicaron en conductas delictivas como certificar supuestas muertes de vacunos para traficar con la carne y permitieron que se compraran materiales de construcción con el subsidio del Estado para después venderlos a sobreprecio. También tipificaron ocupación ilegal de tierras cultivables, desaparición de cabezas de ganada sin denuncia, así como el insuficiente control y fiscalización de los contratos emitidos para la entrega de tierras ociosas.
Asimismo, se “detectaron” consumos de combustible sin documentación de respaldo, comprobantes falseados, empleo de combustible oficial en viajes particulares y extracción de combustible desde tarjetas paralizadas. Además, “lograron descubrir” a inspectores que elaboran multas falsas y anulan otras, mientras otras no llegan nunca a las oficinas para su registro, persistiendo un elevado número de multas pendientes de cobro.
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