El economista cubano Pedro Monreal publicó un análisis en Horizonte Cubano, en el que advierte sobre los riesgos de corrupción y captura de bienes públicos que entraña el proceso de cesión de activos estatales que está llevando a cabo CIMEX, corporación perteneciente al conglomerado militar GAESA.
Monreal señala que CIMEX ha convocado licitaciones de locales comerciales y contratos de producción cooperada con entidades procesadoras de alimentos, con plazos de apenas siete días hábiles para presentar propuestas.
El economista no duda en calificar ese detalle como una señal de alarma. «Los plazos divulgados, de solo siete días hábiles, restringen la competencia, reducen drásticamente el número de oferentes reales y favorecen a quienes cuentan con información o contactos privilegiados», advirtió.
El proceso se ampara en el artículo 28.1 del Decreto Ley 120/2026, norma central del paquete de 176 medidas de transformación económica aprobado por la Asamblea Nacional en junio de 2026 y vigente desde el 9 de septiembre. Ese artículo autoriza expresamente a las empresas estatales a vender activos, cederlos como inversión o monetizarlos mediante arrendamientos con actores económicos nacionales o inversores extranjeros.
Según el análisis del economista, CIMEX emplea dos vías para traspasar el control operativo sin ceder la propiedad formal: el arrendamiento de locales y los contratos de producción cooperada. Ambas modalidades presentan riesgos de captura: arrendamientos que se convierten en control de facto permanente, acumulación de locales en pocos beneficiarios y subvaluación de los aportes estatales en los contratos cooperados.
La opacidad del proceso se agrava porque GAESA no está sujeta a auditoría por parte de la Contraloría General de la República, algo que ha confirmado el propio régimen cubano.
Las licitaciones de CIMEX ya se han documentado en varias provincias. En Sancti Spíritus se ofertaron 12 establecimientos en julio de 2026, y en Holguín se convocaron 13 unidades, entre ellas la fábrica de helados Bim Bom y la panadería Doña Nelly, bajo la modalidad de producción cooperada. Otras cadenas estatales como Palmares y Tiendas Caribe han seguido vías similares en La Habana y Santiago de Cuba.
Monreal es enfático en que su preocupación no es la expansión del sector privado en sí misma, sino quiénes se benefician del proceso y bajo qué reglas.
«Lo preocupante es que quienes dicen defender una economía socialista estén utilizando la cesión de activos estatales para consolidar el poder económico de funcionarios, emprendedores 'de confianza' y testaferros».
El economista, que en junio de 2026 calificó las 176 medidas de «monstruo» por carecer de coherencia estructural, propone en su nuevo análisis un conjunto de medidas correctivas que implican definir «sujetos restringidos», incluyendo miembros del Comité Central del Partido Comunista, el Consejo de Ministros y directivos de GAESA que no puedan beneficiarse de estas licitaciones durante su cargo ni en los diez años posteriores; establecer un plazo mínimo de 30 días hábiles para presentar ofertas; exigir tasaciones independientes; y crear un registro público de adjudicaciones con identificación de los beneficiarios finales.
«El problema no es la transición hacia una economía con mayor participación privada, sino que podría apoyarse, al menos en parte, en el expolio de bienes públicos», concluye Monreal.
Además, advierte que la laxitud normativa puede derivar en «un capitalismo de compinches, donde el acceso privilegiado a activos públicos, información y decisiones discrecionales sustituya a la competencia abierta», o bien en un capitalismo de Estado en el que núcleos de poder político y militar conserven el control estratégico mientras externalizan la gestión a redes selectas de actores privados.
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