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El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se pronunció este lunes sobre la muerte del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas, quien cumplía una condena de seis años por grabar y publicar videos de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J).
En un mensaje publicado en la red social X, Nichols lamentó la noticia, calificándola de “trágica” y señalando las denuncias de tortura como parte de las circunstancias que rodearon el fallecimiento del joven en una prisión cubana.
“Hace más de tres años, Manuel de Jesús Guillén Esplugas fue condenado a seis años de prisión por el simple acto de grabar y publicar videos de las protestas del 11J. Lamentablemente, hoy nos enteramos de su muerte en una prisión cubana en medio de informes de tortura”, escribió.
El alto funcionario también denunció un “tendencia alarmante” de maltrato a presos políticos por parte de las autoridades cubanas en las últimas semanas, mencionando específicamente las agresiones físicas sufridas por José Daniel Ferrer, otro destacado opositor cubano detenido.
"Manuel debería seguir vivo, y los demás presos políticos deberían ser liberados de inmediato", añadió Nichols, reiterando el llamado de Estados Unidos para la liberación de los detenidos por razones políticas en Cuba.
Conforme pasan las horas crece en redes sociales el rechazo al asesinato en prisión del joven, que además era bisnieto del Poeta Nacional de Cuba, Nicolás Guillén.
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El régimen informó a la familia que el joven se quitó la vida, algo que ha negado de forma rotunda Yan Franco Esplugas, quien se identificó en redes como primo hermano del joven fallecido.
El régimen cubano mantiene encarceladas a 554 personas por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en decenas de ciudades y pueblos de Cuba, las mayores registradas en el país, informó recientemente la organización independiente Justicia 11J.
En su tercer informe anual “Otro año sin justicia”, correspondiente a 2024, la organización no gubernamental reveló que 1,586 personas fueron detenidas por manifestarse en el estallido popular del 11J, de las cuales 554 -el 35 %- siguen en prisión tres años después, “con condenas ratificadas tras la apelación que se extienden hasta más de 20 años de privación de libertad”.
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