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El Gobierno cubano anunció medidas más severas para enfrentar las ocupaciones ilegales de viviendas y locales estatales, basándose en las disposiciones del nuevo Código Penal (Ley No. 151), en vigor desde diciembre de 2022.
El diario oficialista Granma, publicó un artículo reciente donde anuncia que las autoridades podrán desalojar de inmediato a los ocupantes ilegales, sin necesidad de esperar la conclusión de procesos judiciales.
Estas acciones buscan proteger la propiedad privada y estatal, pero también exponen las profundas desigualdades sociales y económicas que impulsan estas ocupaciones de viviendas y locales en Cuba.
El artículo 421 del Código Penal establece sanciones que oscilan entre seis meses y cinco años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad de los casos.
Las ocupaciones ilegales, que pueden incluir el uso de fuerza o intimidación, serán procesadas con celeridad para garantizar la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
Estas medidas se ven fortalecidas por el Dictamen No. 471 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, aprobado en febrero de 2023, que detalla las acciones legales necesarias para garantizar una rápida resolución de estos conflictos.
Las ocupaciones ilegales han aumentado en los últimos años
Los datos oficiales indican que el déficit de viviendas en el país supera el millón de inmuebles, mientras que la falta de recursos para la construcción y reparación de casas ha empujado a muchas familias a ocupar propiedades deshabitadas.
Entre los principales afectados por estas medidas punitivas se encuentran madres solteras, ancianos y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad.
El gobierno justifica estas acciones como una forma de preservar la legalidad y el orden. Sin embargo, activistas y organizaciones no gubernamentales señalan que estas medidas no abordan las causas estructurales del problema.
La ausencia de programas accesibles de vivienda y la precariedad económica han hecho que muchos cubanos vean la ocupación ilegal como su única alternativa para garantizar un techo, una vivienda medianamente digna.
La respuesta oficial, que prioriza la protección de la propiedad sobre las necesidades básicas de los ciudadanos, evidencia la desconexión entre las políticas públicas y la realidad de una población que lucha por sobrevivir.
Las nuevas disposiciones penales, aunque necesarias para restablecer el orden, no representan una solución integral al problema habitacional, dejando a miles de familias al margen de una salida viable.
Casos de desalojo en Cuba en 2024
En los últimos meses, se han reportado múltiples casos de desalojos forzados en Cuba que han generado indignación y denuncia pública.
Recientemente, una madre cubana, su hija y cuatro nietos fueron desalojados de su vivienda en La Habana, un suceso que destaca por la vulnerabilidad de las personas afectadas. Este caso es uno más en una serie de conflictos habitacionales que han salido a la luz.
En agosto de 2024, otro intento de desalojo derivado de un litigio familiar fue denunciado públicamente. En este incidente, las disputas legales sobre la propiedad de la vivienda dejaron a una familia en peligro de perder su hogar, reflejando la crisis habitacional que enfrenta la isla.
En julio de 2024, un cubano denunció el desalojo de su abuela en Granma, quien, a pesar de su edad avanzada, fue obligada a abandonar su vivienda. Este caso se suma a una creciente lista de desalojos que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
En abril de 2024, las autoridades amenazaron con desalojar a una adolescente con su bebé. Este incidente subraya la difícil situación de los jóvenes y madres solteras en Cuba, quienes enfrentan desafíos adicionales para acceder a viviendas seguras.
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