Vídeos relacionados:
El Consejo de la Administración del municipio de Las Tunas anunció este domingo nuevas regulaciones que afectan directamente a trabajadores por cuenta propia y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la localidad.
Estas medidas, publicadas en la página de Facebook del Periódico 26 de Las Tunas, buscan regular horarios de apertura, cierre y tarifas de servicios en diferentes zonas del municipio.
Entre las disposiciones, se establece una tarifa máxima única de 10.00 CUP por pasajero para los servicios de transporte eléctrico operados por cuentapropistas y Mipymes.
Además, se fijaron horarios estrictos para las actividades comerciales y de servicios, dependiendo de la ubicación de los establecimientos.
Los negocios ubicados en las calles Francisco Varona (entre Lucas Ortiz y Frank País) y Francisco Vega (entre Joaquín Agüero y Lucas Ortiz), donde se encuentran los bulevares de la ciudad, deberán operar únicamente entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m., de lunes a domingo.
Lo más leído hoy:
Según el Consejo, esta medida busca garantizar el orden en estas concurridas áreas.
En áreas concentradas como puntos de transportación y terminales, se permitirá el funcionamiento ininterrumpido.
Entre las zonas incluidas están la salida de Jobabo, salida a Manatí, salida a Holguín (Hospital Pediátrico), La Caldosa, salida a Puerto Padre (Los Pinos), El Tanque y el Hospital Guevara.
No obstante, el Consejo dejó claro que después de las 11:00 p.m. no se permitirá el uso de música que afecte la tranquilidad ciudadana.
El resto de las instalaciones y establecimientos comerciales fuera de estas áreas específicas deberán operar únicamente entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m.
Estas regulaciones generan inquietudes entre los trabajadores privados, quienes consideran que las restricciones horarias y en los precios podrían afectar la competitividad y la capacidad de satisfacer la demanda de los clientes.
En la sección de comentarios, Arnoldo Alemán Cordero expresó su crítica hacia las nuevas regulaciones, calificando como “risible” la idea de regular los horarios de prestación de servicios en el sector privado.
Según Alemán, estas medidas no solo afectarán los ingresos de los negocios, sino también el nivel de recaudación de impuestos sobre utilidades, ventas e ingresos personales, además, anticipó que habrá una reducción de puestos de trabajo, lo que dejará sin empleo a muchas personas, especialmente a quienes dependen de actividades nocturnas.
También señaló que el impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo se verá afectado por esta decisión.
En cuanto a la tarifa única de diez pesos para el transporte eléctrico, Alemán reconoció que podría ser beneficiosa para los clientes, pero criticó que las autoridades olvidan que los medios eléctricos fueron adquiridos en dólares estadounidenses, sin subsidios ni rebajas tributarias por parte del gobierno.
Para él, esta medida está destinada al fracaso, pues no toma en cuenta las necesidades de los propietarios ni los costos reales de operación.
Dori Hidalgo Hechavarría señaló en los comentarios que las tarifas de 10 pesos para el transporte eléctrico no consideran los costos reales de mantenimiento de estos medios.
Argumentó que, al momento de reemplazar baterías o gomas, esa cantidad resulta insuficiente, sugiriendo que una tarifa de 20 o 30 pesos sería más adecuada para equilibrar los gastos operativos de los propietarios.
En los últimos meses, diversas medidas restrictivas implementadas por el gobierno cubano han impactado gravemente al sector privado, limitando su crecimiento y afectando significativamente su funcionamiento.
Un audio filtrado de una reunión entre cuentapropistas cubanos y representantes del régimen comunista sacó a la luz la creciente frustración del sector privado ante las recientes restricciones impuestas por el gobierno.
La polémica se centra en la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior, que limita severamente la comercialización mayorista, poniendo en riesgo la supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP).
En el material, difundido ampliamente en redes sociales, los cuentapropistas expresan su inconformidad con las medidas gubernamentales. Uno de los participantes, visiblemente indignado, declaró: “Ustedes como gobierno tienen la obligación de resolver sus problemas, y nosotros los nuestros. Pero no nos pueden pisotear así”.
La nueva normativa obliga a las Mipymes y cooperativas a comercializar exclusivamente a través de empresas estatales o comercializadoras controladas por el gobierno.
Además, establece plazos restrictivos de 90 días para actualizar licencias y 120 días para liquidar inventarios mayoristas. El incumplimiento acarrea severas sanciones, incluyendo multas, decomisos y la cancelación de licencias operativas.
Archivado en: