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El régimen cubano estaría preparando un nuevo ataque contra los negocios privados en la Isla. Este tendría lugar del 1ro al 30 de marzo de este 2025 e iría dirigido, especialmente, a las grandes empresas del sector no estatal. Así lo recoge un documento firmado por el primer ministro, Manuel Marrero, este 19 de febrero, que circula entre emprendedores de la Isla y al que ha tenido acceso CiberCuba.
Aunque la operación se 'vende' como un intento de "continuar ordenando las relaciones entre empresas estatales y las formas de gestión no estatal (FGNE)", en realidad se trata de una orden que habría salido del Ejecutivo directo a los cuadros del Partido Comunista para que estos realicen inspecciones de operaciones de contratación y pago entre empresas privadas y estatales en busca de "distorsiones".
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Para llevar a cabo ese control, la formación política (PCC) podrá "auxiliarse" de "funcionarios de las Asambleas municipales y provinciales; de la Administración municipal, juristas, contralores, auditores y otros especialistas". O sea, el Partido Comunista tiene a su disposición a los poderes legislativo y judicial, algo prohibidísimo en democracia, donde se vigila y se aboga por la separación de poderes.
A este nuevo acoso que se estaría gestando contra la empresa privada, el primer ministro, firmante de la orden, le llama (al menos en el documento que circula entre emprendedores) "Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento del Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas sociales", que la cúpula del régimen da por hecho que existen entre las formas estatales y no estatales de gestión.
Esta 'operación' contra los grandes empresarios privados cubanos, en supuesta connivencia con empresas estatales, comenzaría por buscar "posibles relaciones de familiaridad entre estatales y privados". El operativo del PCC iría encaminado a detectar "irracionalidades, además de posibles ilegalidades en los pagos, sean por debajo, en demasía o por trabajos no realizados, con mala calidad u otras causas que no los justifiquen".
Los cuadros del PCC, en principio actuarán por parejas, y tendrán que controlar los arrendamientos de locales o vehículos a privados con pagos por estos que no se justifican o no se corresponden con los costos reales, desviaciones en su uso según lo aprobado en la contratación, los gastos de electricidad, agua y otros servicios, el cumplimiento de los encadenamientos que se previeron lograr en los negocios, la observancia de las políticas y normas jurídicas aprobadas, el empleo de los órganos colegiados para aprobar las contrataciones y pagos y precisar en todos los casos que quien decide, no negocia", señala textualmente el documento.
La idea es empezar por fustigar a los grandes negocios, buscando la forma de "generalizar" luego esta práctica. También advierte de dos escenarios que hay que prevenir: el primero, conseguir que los grandes empresarios privados no justifiquen su forma de actuar amparándose en "pequeños favores o servicios a la comunidad". El segundo, llevar a cabo la operación, coordinando con el Partido Comunista una estrategia de comunicación "apropiada" para contrarrestar las críticas que previsiblemente llegarán de "campañas enemigas", en referencia a la prensa independiente.
El documento firmado por el primer ministro Manuel Marrero añade que ante cualquier indicio de "hechos graves", los cuadros del PCC deben poner el caso en manos del Minint, la Fiscalía o la Contraloría. Asimismo, tienen la orden de informar a los trabajadores del resultado de la inspección, allí donde se lleve a cabo.
En esencia, los cuadros del Partido Comunista tendrán potestad para entrevistar a directivos y funcionarios administrativos y luego podrán presentar las conclusiones de sus inspecciones en abril, tras enviar un informe al Departamento de Prevención y Lucha contra el Delito, que depende del primer ministro.
En diciembre de 2024 el Partido Comunista de Cuba dio un golpe más a la iniciativa privada en la Isla después de que la Gaceta Oficial de la República (Número 119) publicara una resolución (56) de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, que canceló de oficio las licencias para ejercer la actividad mayorista, emitidas a micro, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias que la tenían aprobada en su objeto social como actividad secundaria.
La medida, que entró en vigor el 5 de diciembre, se tomó, supuestamente "para ordenar" el comercio mayorista y minorista en el ámbito de la iniciativa privada. Sin embargo, en la práctica se forzaron "alianzas de trabajo entre actores económicos estatales y no estatales". O lo que es lo mismo, o los privados aceptan al Estado como intermediario en la compra de mercancías o no hay negocio.Tres meses después circula un documento que anuncia una nueva vuelta de tuerca a la actividad privada.
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