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Las leyes de Florida no juzgarán por igual a todas personas que vivan en el Estado, sino que las sanciones van a depender de si quien cometió el delito -en caso de ser extranjero- está o no en una situación migratoria irregular.
En medio de la cruzada de la administración Trump contra la emigración ilegal, el gobernador Ron DeSantis ha dispuesto que se impongan penas más severas para los delitos cometidos por indocumentados que para las demás personas.
De ese modo, si un delito menor de robo puede llevar hasta un año en prisión y una multa de 1,000 dólares para la mayoría de los habitantes de Florida, un inmigrante ilegal podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel y el pago de 5,000 dólares.
En el caso de un asesinato en primer grado, podría aplicarse ahora una pena de muerte automática.
DeSantis asegura que "Florida será un estado más seguro y protegido" y un modelo para otros estados, gracias a sus nuevas leyes para combatir la inmigración ilegal y reforzar las deportaciones masivas en el Estado.
Además de aumentar las penas para todos los delitos cometidos por inmigrantes en situación irregular, el político republicano ordenó crear un nuevo delito: entrar a Florida después de llegar ilegalmente al país.
La nueva legislación establece la pena de muerte para los inmigrantes indocumentados que cometan delitos capitales como asesinato en primer grado o violación de menores. Es una disposición que va más allá de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, y demócratas y legisladores alegan que es inconstitucional y anuncian una posible demanda ante los tribunales.
Según el representante estatal republicano Lawrence McClure, las sanciones más severas tienen como propósito disuadir a los infractores.
"No vengan al estado de Florida ilegalmente. Esa es la premisa", afirmó.
Pero en opinión de César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio especializado en inmigración y derecho penal, las leyes de Florida "están llevando a una colisión frontal con la garantía constitucional de protección igualitaria para todos los que están en Estados Unidos".
El año pasado, DeSantis firmó una ley que endurece el castigo para quienes cometen delitos graves estatales después de haber sido deportados previamente y condenados por reingreso ilegal al país, según la ley federal.
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