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Un juez federal en Massachusetts declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permite deportar inmigrantes a terceros países sin notificación previa ni oportunidad de impugnar su traslado.
Según informó CBS News, el juez de distrito Brian Murphy dio la razón a un grupo de no ciudadanos que presentó una demanda colectiva el año pasado contra el DHS y ordenó dejar sin efecto la política de deportaciones a terceros países impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
No obstante, suspendió la aplicación de su fallo por 15 días para permitir que el gobierno presente una apelación.
La norma, emitida en marzo y reafirmada en julio, establecía que los oficiales de inmigración no estaban obligados a notificar ni a ofrecer a los migrantes la posibilidad de objetar su envío a un tercer país —distinto al señalado en su orden de deportación— siempre que ese país hubiera asegurado que no serían perseguidos ni torturados.
El juez determinó que esa política viola la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso.
En su fallo, cuestionó la falta de transparencia sobre las supuestas “garantías” ofrecidas por los terceros países y sostuvo que la Constitución permite a cualquier persona cuestionar esas decisiones antes de que el gobierno le prive de su libertad.
Murphy, designado por el expresidente Joe Biden, afirmó que bajo la política del DHS los migrantes podían ser arrestados y enviados a destinos desconocidos mientras el gobierno no tuviera constancia de que enfrentarían violencia.
“No es correcto ni es legal”, escribió el magistrado, al citar protecciones federales contra la persecución y la tortura.
El caso surgió después de que cuatro extranjeros presentaran una demanda colectiva en marzo pasado.
En abril, el juez emitió una orden preliminar que obligaba a las autoridades migratorias a notificar por escrito el país al que podrían ser enviados y a ofrecer una oportunidad significativa para alegar temor de persecución, tortura o muerte.
La disputa judicial escaló hasta la Corte Suprema, que en junio permitió que las deportaciones a terceros países continuaran mientras avanzaban los litigios en instancias inferiores.
Días después, el máximo tribunal autorizó la deportación de un grupo de migrantes retenidos en una base naval estadounidense en Yibuti hacia Sudán del Sur.
En respuesta al nuevo fallo, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la autoridad constitucional del gobierno para deportar a inmigrantes en situación irregular y afirmó que confía en que será reivindicado nuevamente en instancias superiores.
La Casa Blanca también criticó la decisión y aseguró que la administración continuará aplicando la ley migratoria federal y avanzando en su campaña de deportaciones masivas.
Preguntas frecuentes sobre la política de deportación de inmigrantes de la administración Trump
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¿Por qué fue declarada ilegal la política de deportación de inmigrantes a terceros países?
La política fue declarada ilegal porque violaba la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso. El juez Brian Murphy cuestionó la falta de transparencia en las garantías ofrecidas por los terceros países y sostuvo que la Constitución permite a cualquier persona cuestionar decisiones antes de ser privada de su libertad. Además, la norma no obligaba a notificar ni ofrecer la posibilidad de objetar el envío a un tercer país.
¿Qué impacto tiene la decisión de la corte sobre las deportaciones a terceros países?
La decisión de la corte impide temporalmente que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúe con las deportaciones a terceros países. La aplicación del fallo se suspendió por 15 días para permitir que el gobierno presente una apelación. Si la decisión se mantiene, el DHS deberá modificar su política de deportación para cumplir con las leyes de inmigración y garantizar el debido proceso.
¿Cómo afecta esta decisión a los inmigrantes en Estados Unidos?
La decisión refuerza las protecciones legales para los inmigrantes en Estados Unidos. Al declarar ilegal la política de deportación a terceros países, se garantiza que los inmigrantes tengan la oportunidad de ser notificados y de impugnar su deportación, lo cual es un paso importante para asegurar el debido proceso y evitar decisiones arbitrarias que puedan poner en riesgo sus vidas.
¿Qué otras políticas migratorias de la administración Trump han sido bloqueadas por los tribunales?
Varios fallos judiciales han bloqueado políticas migratorias de la administración Trump. Entre ellas, se encuentra la detención de menores migrantes en centros para adultos, la revocación del estatus legal de migrantes con parole humanitario, y la detención sin fianza de inmigrantes. Estos fallos reflejan la constante lucha legal en torno a las medidas migratorias implementadas bajo el mandato de Trump.
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