El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impedirá la entrada al país de migrantes procedentes de naciones que, según afirmó, están marcadas por altos niveles de corrupción y falta de Estado de derecho.
Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump sostuvo que las políticas migratorias permisivas han permitido el ingreso de personas provenientes de “culturas corruptas”.
A su juicio, esto ha generado costos económicos y sociales para los ciudadanos estadounidenses, según reportó el sitio Breitbart.
El mandatario señaló que importar esas realidades a través de fronteras abiertas termina afectando a la población en ámbitos como el crimen, los seguros médicos, la vivienda y los impuestos.
“Nos encargaremos de este problema”, afirmó ante el Congreso.
Trump anunció además lo que denominó una “guerra contra el fraude”, que será liderada por el vicepresidente JD Vance, y mencionó presuntos casos de fraude vinculados a comunidades migrantes en distintos estados.
También pidió al Congreso aprobar una legislación que impediría a inmigrantes indocumentados obtener licencias comerciales de conducción.
El presidente defendió que sus políticas de reducción de migración y aumento de deportaciones han contribuido a elevar salarios y contener costos, aunque estas medidas enfrentan oposición de sectores demócratas y de parte del establishment republicano.
Con este anuncio, la Casa Blanca refuerza su línea de endurecimiento migratorio, pilar dentro de la campaña de reelección de Trump, y en medio del recrudecimiento de la seguridad fronteriza y control de la inmigración.
En diciembre, la política migratoria de Estados Unidos volvió a endurecerse. La Casa Blanca confirmó la ampliación del llamado travel ban, una medida que en ese momento alcanzó a una veintena de países adicionales y mantuvo a Cuba bajo restricciones parciales de entrada, en una decisión que reforzó el giro impulsado por el presidente Donald Trump tras su regreso al poder.
En una hoja informativa publicada oficialmente por la Casa Blanca, la administración anunció que Trump firmó una nueva Proclamación Presidencial destinada a “restringir y limitar aún más la entrada de extranjeros” provenientes de países que, según Washington, presentan deficiencias graves y persistentes en los sistemas de verificación, control documental y cooperación en materia de seguridad.
El objetivo declarado es proteger la seguridad nacional y el orden público de Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la nueva política migratoria de Donald Trump
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¿Por qué Donald Trump quiere impedir la entrada de migrantes de países considerados "corruptos"?
Donald Trump afirma que las políticas migratorias permisivas han permitido el ingreso de personas provenientes de “culturas corruptas”, lo que, según él, ha generado costos económicos y sociales para los ciudadanos estadounidenses. Argumenta que estas realidades afectan la seguridad, el orden público y diferentes aspectos de la vida en EE. UU., como el crimen y los seguros médicos.
¿Qué medidas migratorias ha anunciado Trump recientemente para reforzar la seguridad nacional?
Trump ha ampliado el llamado travel ban a una veintena de países adicionales y ha reafirmado su política de "migración cero" desde países del Tercer Mundo. Además, ha impulsado una "guerra contra el fraude" para investigar posibles amenazas a la seguridad nacional, incluyendo revisiones exhaustivas de Green Cards y decisiones de asilo.
¿Cómo afecta la política de deportaciones masivas de Trump a los inmigrantes en EE. UU.?
La política de deportaciones masivas de Trump ha resultado en la expulsión acelerada de migrantes en situación irregular, lo que, según el gobierno, ha reducido la criminalidad y mejorado el acceso a empleo y vivienda para los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, estas medidas han generado incertidumbre y preocupación entre las comunidades migrantes.
¿Qué implica la "migración inversa" promovida por Trump?
La "migración inversa" promovida por Trump busca reducir de forma drástica el número de migrantes en Estados Unidos, mediante la suspensión de beneficios federales para no ciudadanos, deportación de quienes considera una “carga pública” y revocación de la ciudadanía de inmigrantes naturalizados que según su criterio socavan la tranquilidad nacional.
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