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Las cárceles del condado de Miami-Dade pronto podrán comenzar a emitir órdenes de deportación a reclusos en virtud de un acuerdo amparado en la ley estatal de Florida aprobado esta semana.
La Comisión de Miami-Dade aprobó este martes una resolución que permite una mayor colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La resolución fue aprobada con un voto casi unánime, exceptuando el de la comisionada Marleine Bastien.
Esta medida refuerza la cooperación en la detención y deportación de inmigrantes con antecedentes criminales en el condado.
El comisionado Roberto J. González, principal impulsor de la resolución, defendió la iniciativa alegando que busca garantizar la seguridad en la comunidad.
“Si alguien es arrestado y es un criminal, las cárceles van a trabajar en conjunto con ICE para asegurarse que los criminales no estén en nuestras calles”, afirmó, en declaraciones recogidas por Telemundo 51.
La política no es nueva. Desde 2017, las cárceles del condado han colaborado con ICE, entregando a reclusos con órdenes de deportación bajo la administración del entonces alcalde Carlos Giménez.
La decisión de cooperar con ICE fue tomada en ese momento debido a amenazas del presidente Trump de recortar fondos a las jurisdicciones que se negaran a colaborar con el gobierno federal en materia migratoria.
Reacciones divididas ante la resolución
La decisión ha generado fuertes reacciones en la comunidad migrante y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Thomas Kennedy, miembro de la Coalición de Migrantes de Florida, criticó la medida, advirtiendo sobre sus posibles efectos negativos.
“Lo que esto va a causar es que la confianza entre las fuerzas policiales municipales y la comunidad se siga dañando", señaló Kennedy.
"Personas que sufren y son víctimas de crímenes van a tener miedo a reportar esos crímenes por la percepción que esto crea, que se les va a preguntar el estatus migratorio”, añadió en declaraciones recogidas por el citado medio.
A pesar de las preocupaciones de la comunidad migrante, el comisionado González insistió en que los inmigrantes que no han cometido delitos no tienen razones para temer.
“El inmigrante no tiene que sentir temor, incluso lo que se está haciendo es reafirmando que esto se va a seguir haciendo en el condado”, dijo.
Además, justificó la colaboración con el ICE argumentando que “existe una red de tráfico humano extensa en la comunidad migrante criminal que debe ponerse bajo control”.
“Lo que tenemos que parar son los criminales que están entrando aquí y, más que eso, tenemos que parar a la gente que se aprovecha de los inmigrantes. Y la única forma que podemos hacer eso es poniendo las leyes migratorias que tenemos”, agregó el comisionado.
Acuerdo 287(g): una formalización de prácticas ya existentes
Con la nueva resolución, los comisionados del condado aprobaron el acuerdo 287(g) con el ICE, lo que permite asignar agentes del Departamento de Prisiones para ejecutar órdenes federales de deportación en las cárceles locales.
No está claro si esto aumentará el número de deportaciones entre los detenidos en el sistema penitenciario de Miami-Dade, ya que el condado ha estado cooperando con el ICE desde 2017, entregando a reclusos con órdenes de deportación.
Sin embargo, el nuevo acuerdo permite que las autoridades locales emitan directamente estas órdenes sin necesidad de esperar la intervención presencial de los agentes federales de inmigración.
El mandato de establecer los acuerdos 287(g) en las cárceles locales fue aprobado por la Legislatura de Florida en 2022.
Miami-Dade solicitó la asociación con el ICE durante la administración del presidente Joe Biden, según documentación del Departamento de Prisiones.
Debate sobre costos y derechos de los inmigrantes
La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, aseguró en la reunión del martes que “la ley fue aprobada” y que su administración simplemente está cumpliendo con ella.
Sin embargo, la comisionada Marleine Bastien se manifestó en contra de la medida y criticó que la administración no pudiera determinar cuánto costará la implementación del acuerdo para los contribuyentes.
“Esto obliga al condado a detener más tiempo a personas que ya cumplieron su condena”, señaló Bastien.
“Los inmigrantes pueden ser detenidos porque no pudieron pagar sus multas de tráfico. Pueden ser detenidos porque no pagaron la manutención de sus hijos. Pero como son inmigrantes, vamos a firmar el [acuerdo] para mantenerlos en prisión”, añadió.
La medida continúa generando reacciones divididas en la comunidad, y su impacto en la seguridad y los derechos de los inmigrantes en Miami-Dade seguirá siendo objeto de debate en los próximos meses.
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