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En un intento por demostrar control y responder al descontento popular, las autoridades cubanas realizaron un "barrio debate" en el consejo popular Santo Suárez, en La Habana, para discutir sobre la lucha contra las ilegalidades y la corrupción en la actividad de venta de combustible, un problema que el propio gobierno ha propiciado con su deficiente gestión económica.
Según el reporte del periódico Tribuna, funcionarios de la Fiscalía y la Policía informaron de la reciente detención de un grupo de ciudadanos que a la acaparaban y revendían gasolina o cobraban por turnos -los llamados "coleros"-, para acceder al servicentro Alameda, ubicado en Santa Catalina y Poey.
El fiscal jefe del municipio, Rolando López Merino, afirmó que los involucrados en el mercado negro de combustible serán sancionados severamente, ya que cometieron sus delitos en un momento en que el país atraviesa una aguda crisis energética, lo cual constituirá un agravante durante el juicio.
Sin embargo, su discurso ignoró las causas estructurales del problema, derivadas de la mala administración gubernamental, la corrupción dentro de las empresas estatales y la falta de transparencia en la distribución de los recursos.
En el encuentro se informó también de un operativo policial en el que se desactivó una casa almacén con una cantidad considerable de gasolina destinada a la reventa.
Por su parte, la fiscal jefe de La Habana, Lisnay María Mederos Torres, anunció que en los próximos días se realizarán nuevos operativos en otros servicentros, y que los responsables de los delitos podrían enfrentar cargos por malversación y cohecho.
También adelantó que funcionarios de CUPET, CIMEX, el Ministerio del Interior y el Gobierno intervendrán en los programas de televisión "Buenos Días" y "Hacemos Cuba" para explicar las medidas organizativas que se adoptarán para regular el suministro de combustible en la ciudad.
Denunciar a los pequeños mientras los grandes siguen impunes
En un nuevo intento por incentivar la delación entre cubanos, los directivos que presidieron el barrio debate insistieron a los vecinos que denuncien estos delitos y pusieron a su disposición los números telefónicos del puesto de mando de la Policía local.
Mientras el gobierno endurece el castigo contra los revendedores, se mantiene la impunidad de los altos funcionarios que manejan el combustible y otros productos esenciales, facilitando la corrupción dentro del propio aparato estatal.
No es la primera vez que se organizan estas reuniones propagandísticas, donde se culpa a ciudadanos de a pie por un problema sistémico que tiene sus raíces en la ineficacia de la gestión gubernamental y en un modelo económico fracasado.
Crisis, represión y discurso vacío
Mientras el gobierno satura los medios con discursos sobre la batalla contra las ilegalidades, los cubanos continúan enfrentando una inflación descontrolada, un mercado negro en auge y una economía en caída libre. La falta de combustible, la escasez de alimentos y la precariedad de los servicios básicos son síntomas de una crisis que no se soluciona con operativos policiales ni con reuniones comunitarias.
Los llamados barrio debates no son más que un intento de desviar la atención de la ineficacia del propio Estado, responsabilizando a ciudadanos desesperados por sobrevivir en un país donde los productos esenciales se han convertido en un lujo inaccesible. Mientras tanto, los verdaderos responsables de la crisis permanecen intocables, sin asumir responsabilidad alguna por el colapso que enfrenta Cuba.
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