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Las autoridades de Fort Myers, en Florida, acordaron colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en las detenciones y deportaciones de inmigrantes, sumándose así a otras ciudades, como Hialeah, en las que los oficiales de policía contribuyen a reforzar la cruzada contra la inmigración ilegal.
El acuerdo trascendió en una reunión celebrada este viernes en la que las autoridades municipales acordaron por unanimidad aprobar un memorando que permite a los oficiales locales recibir formación de ICE y colaborar en las deportaciones.
Según reportó la agencia AP, aunque la mayoría de los oradores mostraron su desacuerdo con la medida por temor a un aumento en la elaboración de perfiles raciales, finalmente decidieron contribuir a la detención de inmigrantes "que no tengan estatus legal" y la interrogación de cualquier persona "que se crea que es un inmigrante".
El medio citado refiere que, la víspera de la votación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que no aprobar un acuerdo de inmigración podría tener graves consecuencias, incluida la suspensión del cargo.
A inicios de semana, además, el Fiscal General del Estado, James Uthmeier, anunció una investigación de los concejales que habían votado inicialmente en contra del acuerdo, argumentando que la ciudad estaba aplicando una política ilegal de santuario.
Uthmeier se refirió a las leyes aprobadas por los legisladores de Florida este año, las cuales disponen que las entidades policiales estatales y locales y las entidades supervisoras deben esforzarse al máximo "para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración".
Al respecto, el abogado de la ciudad, Grant Alley, espetó que el fiscal general es el máximo responsable de la aplicación de la ley y exigía "un cumplimiento inmediato de las leyes estatales de inmigración".
Fort Myers, Hialeah Davie, Sunny Isles, Palm Beach Gardens y Coral Gables, han firmado en Florida el programa 287(g), que permite a las fuerzas de seguridad estatales y locales colaborar con ICE en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados.
Además, se han firmado acuerdos para otorgar mayor autoridad a las fuerzas de seguridad en la aplicación de leyes de inmigración y promovido leyes estatales que criminalizan el ingreso ilegal al estado.
El gobernador ha expresado claramente que Florida no será un estado de refugio y ha tomado medidas para prohibir las "ciudades santuario". Esto incluye exigir la cooperación estatal y local con las autoridades federales de inmigración y amenazar con suspender a funcionarios locales que se nieguen a colaborar con ICE.
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