Miles de cubanos que residen en Estados Unidos y ya cumplen con los requisitos para solicitar la residencia permanente enfrentan una incertidumbre creciente debido a la paralización de sus trámites migratorios.
Ante esta situación, un grupo de abogados prepara una demanda federal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) con el objetivo de obligar al gobierno a avanzar en miles de solicitudes que permanecen estancadas.
La iniciativa legal es impulsada por la abogada de inmigración Claudia Cañizares junto al también abogado Mark Prada, quienes aseguran que la paralización de los procesos ha afectado a un número considerable de solicitantes cubanos que ingresaron al país por distintas vías migratorias y posteriormente aplicaron a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Según explicó Cañizares, el volumen de casos afectados es considerable.
“Lo que estamos buscando con esta demanda es mover estos procesos, demostrar que le están causando un daño a esta comunidad y que finalmente les aprueben su residencia”, afirmó la abogada en recientes declaraciones a la periodista Maylin Legañoa para Telemundo 51.
De acuerdo con su estimación, más de 100,000 casos podrían estar impactados por la suspensión o retraso en el procesamiento de las solicitudes de residencia permanente, conocidas como green cards.
Durante el tiempo de espera, muchos solicitantes no solo han visto congeladas sus aplicaciones, sino que también han enfrentado obstáculos adicionales.
La abogada señaló que en numerosos casos se han negado permisos de trabajo, lo que ha generado serias dificultades económicas y legales para familias que ya habían iniciado su proceso de regularización migratoria.
¿Quiénes podrían sumarse a la demanda?
La acción legal está dirigida principalmente a ciudadanos cubanos que ingresaron a Estados Unidos mediante programas migratorios específicos y que posteriormente solicitaron la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran:
-Cubanos que ingresaron mediante el Programa de Reunificación Familiar.
-Personas admitidas bajo el Parole Humanitario.
-Migrantes que entraron con citas del sistema CBP One.
-Solicitantes de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
-Personas que no se encuentren detenidas por autoridades migratorias.
Según Cañizares, al tratarse de una demanda colectiva, existe la posibilidad de que el gobierno federal llegue a un acuerdo judicial que permita acelerar la revisión de los casos pendientes.
La abogada también señaló que el propio gobierno ha reconocido que la pausa en los procesos es indefinida, ya que la administración se reservó el derecho de revisar o renovar esa suspensión cuando lo considere necesario.
Participar no debería implicar represalias
Ante el temor de algunos migrantes a involucrarse en una acción legal contra una agencia federal, Cañizares aseguró que los participantes cuentan con mecanismos de protección.
“En este tipo de casos se piden protecciones para que las personas no vayan a sufrir represalias”, explicó.
Costos para unirse a la acción legal
La participación en la demanda no es gratuita. Según el equipo legal, las tarifas varían dependiendo de la composición familiar.
El costo inicial comienza en 4,000 dólares para una persona, mientras que asciende a 6,000 dólares para parejas o madres solteras con hijos y puede llegar a 8,000 dólares en el caso de familias de más de cuatro miembros.
Los abogados indicaron que existen opciones de financiamiento mediante compañías de crédito, así como planes de pago ajustables para quienes deseen sumarse al proceso.
En caso de que el litigio derive en un acuerdo con el gobierno, algunos expedientes podrían resolverse con relativa rapidez.
“Si logramos un acuerdo con el gobierno se lo pueden dar inmediatamente, tan pronto como en uno, dos o tres meses”, indicó Cañizares.
Cómo iniciar el proceso
Las personas interesadas en participar pueden contactar directamente a la firma legal al 305-680-0036.
El equipo recomienda enviar un mensaje de texto o WhatsApp con la frase: “Estoy interesado en entrar en la demanda”.
También es posible completar un formulario en línea, tras lo cual el equipo legal realiza llamadas de seguimiento o envía información adicional por correo electrónico.
Antecedente y contexto
La paralización de numerosos trámites migratorios se produce en el marco de una política más amplia adoptada por la administración de Donald Trump, que ordenó suspender temporalmente la tramitación de distintos beneficios migratorios -entre ellos asilo, residencia permanente y naturalización— para ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba y Venezuela.
La medida se formalizó mediante un memorando del USCIS emitido en diciembre de 2025, que instruyó a los funcionarios a mantener en pausa múltiples solicitudes mientras se realizaba una revisión integral de seguridad nacional.
La orden también estableció la reevaluación de algunos beneficios migratorios previamente aprobados para solicitantes provenientes de esos países.
La política se vincula además con la proclamación presidencial conocida como “travel ban”, firmada en junio de 2025, que restringió la emisión de varias categorías de visas para ciudadanos cubanos, incluidas las de turismo, negocios, estudio e intercambio académico.
En ese contexto, miles de migrantes que ya se encuentran dentro de Estados Unidos -muchos de ellos admitidos mediante programas humanitarios o procesos de reunificación familiar- han quedado atrapados en un limbo migratorio mientras esperan que sus solicitudes de residencia permanente sean procesadas.
La demanda federal en ciernes busca ahora presionar a las autoridades para reactivar esos expedientes y ofrecer una respuesta a quienes aseguran haber cumplido con todos los requisitos para regularizar su estatus en el país.
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