En el enésimo paso hacia la consolidación de su dictadura en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega designó a su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, como nueva jefa suprema del Ejército, un cargo que ahora comparte con el propio dictador.
La designación se formalizó a través de una reforma al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, propuesta por el Ejecutivo y aprobada de forma unánime y urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
La medida refuerza aún más el control del matrimonio presidencial sobre las instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas. “El Ejército estará subordinado a la autoridad civil que será ejercida por la Presidencia de la República como Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua”, indica el texto citado por la agencia EFE.
Desde el pasado 19 de febrero, tras una reforma constitucional, Nicaragua cuenta oficialmente con una copresidencia compuesta por Ortega y Murillo, lo que les permite ejercer conjuntamente las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Poder militar concentrado en la pareja presidencial
Con la reforma, la Presidencia —en manos de Ortega y Murillo— podrá ordenar operaciones militares en caso de agresión externa; disponer del Ejército para apoyar a la Policía Nacional en tareas de “estabilidad interna”; nombrar o remover al Comandante en Jefe del Ejército, y ordenar la movilización militar en caso de emergencia nacional.
También se otorgan facultades para remover a altos mandos militares que desobedezcan las órdenes de la Presidencia, lo que consolida un control vertical y personalizado sobre la estructura militar del país. En fin, una dictadura.
Una militarización del poder civil
Analistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que estas reformas profundizan el carácter autoritario del régimen, al subordinar completamente al Ejército al núcleo familiar que ostenta el poder. La medida ha sido vista como un intento de blindar aún más al gobierno ante cualquier eventual desafío político o institucional.
Con este movimiento, Ortega y Murillo extienden su control sobre todos los resortes del poder estatal, en un país donde ya no operan partidos de oposición, se ha criminalizado la disidencia y se gobierna a través del miedo, la represión y el aparato de seguridad.
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