El Tribunal Supremo Popular de Cuba negó este domingo que tenga previsto implementar normas para monitorear, grabar o intervenir masivamente llamadas telefónicas y mensajes en la isla, como aseguraban rumores difundidos en redes sociales.
La institución publicó un comunicado en su perfil oficial de Facebook donde calificó de “totalmente falsa” la información que alertaba sobre un supuesto plan del sistema judicial para controlar las comunicaciones personales de la población.
“Esa información es totalmente falsa, y su contenido está plagado de mentiras y embustes malintencionados”, señala el texto, que exhorta a la ciudadanía a no replicar dichos rumores y a informarse únicamente por canales institucionales.
El Tribunal asegura que este mismo mensaje —ahora reciclado— circuló anteriormente, el 18 de noviembre de 2024, con idéntica intención: “desacreditar públicamente la actuación oficial de instituciones estatales”.
Aunque en Cuba es habitual que existan estructuras especializadas en el control y monitoreo de la ciudadanía, como los órganos de la Seguridad del Estado, el Tribunal Superior asegura con su publicación que no “instrumentará normas estableciendo un amplio monitoreo, vigilancia y grabaciones de todas las llamadas y la mensajería”.
La publicación responde a un audio que ha estado circulando en los últimos días a través de aplicaciones de mensajería, en el que una voz femenina asegura que el Estado comenzaría a grabar “a todo el mundo y los mensajes”.
Esa misma persona afirma que también se tomará registro de las conversaciones en WhatsApp: “mira a ver lo que escribes, no se puede hablar nada fuera de lo normal”, subraya el audio, dirigido a modo de alerta personal.
Además, la mujer recomienda advertir a “las amistades”, y en especial a quienes tengan “un negocio fuerte”.
A pesar de que el Tribunal Supremo Popular de Cuba negó públicamente la implementación de normas para monitorear masivamente llamadas y mensajes, la preocupación sobre la vigilancia estatal no es nueva.
En los últimos años, distintas declaraciones y normativas han reforzado la percepción de que existen estructuras dedicadas al control ciudadano. Recientemente, un coronel de la Seguridad del Estado reveló en televisión nacional que su organismo se rige por la premisa de actuar "siempre por encima de la ley cuando se trata de defender la Revolución", lo que refuerza la idea de una operatividad autónoma y sin límites legales claros.
Ese mismo día, el gobernante Miguel Díaz-Canel defendió públicamente a esta institución, afirmando que la Seguridad del Estado cubana es “respetada y admirada en el mundo”. Estas afirmaciones ocurrieron en medio de crecientes críticas sobre el rol del aparato represivo en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en el monitoreo de opositores, activistas y periodistas independientes.
Los antecedentes legales también sustentan las preocupaciones de la ciudadanía. En noviembre de 2019, el régimen cubano emitió un decreto que legaliza la vigilancia masiva en redes digitales, otorgando a las autoridades amplias facultades para intervenir comunicaciones electrónicas sin requerimientos judiciales específicos.
Esta medida fue duramente criticada por gobiernos y organismos internacionales. Entre ellos, Estados Unidos se pronunció alertando sobre el retroceso en términos de privacidad y derechos civiles en la isla. Estos hechos demuestran que, más allá de comunicados oficiales desmintiendo rumores, existen elementos institucionales, normativos y discursivos que han contribuido a generar desconfianza entre la población respecto a la privacidad de sus comunicaciones.
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