Un tribunal federal de Miami bloqueó temporalmente este viernes una ley de Florida destinada a tomar medidas severas contra los inmigrantes indocumentados.
La jueza de distrito Kathleen Williams emitió una orden de restricción temporal contra la SB 4-C, que la Legislatura controlada por los republicanos y el gobernador Ron DeSantis aprobaron en febrero.
La legislación crea delitos estatales para los inmigrantes indocumentados que entraran o volvieran a entrar en Florida y establece que "un extranjero no autorizado que tenga 18 años de edad o más y que a sabiendas ingrese o intente ingresar a este estado después de ingresar a Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o inspección por parte de los oficiales de inmigración, comete un delito menor de primer grado. Una persona declarada culpable de una violación de esta subsección debe ser sentenciada a un término mínimo obligatorio de encarcelamiento de 9 meses".
En un segundo inciso, la ley pide encarcelamiento por un año y un día a quien tenga una condena previa por una violación de la sección anterior y reincida.
La decisión de Williams se produce dos días después de que la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y demandantes individuales presentaran la demanda alegando que la ley viola lo que se conoce como la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU. porque la aplicación de las políticas de inmigración es una responsabilidad federal.
Según la jueza, los demandantes "plantean persuasivamente que la SB 4-C (la ley) invade ilegalmente el poder federal para controlar la inmigración".
En su opinión, la disposición de detención obligatoria mediante la ley limita la discrecionalidad de las fuerzas del orden federales para recomendar la puesta en libertad antes del juicio y obstruye la capacidad de los tribunales federales para llevar a cabo procedimientos que requieren la presencia de los acusados, pues son encarcelados bajo la SB 4-C.
"Además, la SB 4-C exige penas de prisión obligatorias para las infracciones de la ley estatal cuando la INA (la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad) permite una multa o la libertad condicional para el delito federal equivalente", agregó.
La congelación de la ley es temporal. El 18 de abril se celebrará una vista sobre la orden judicial permanente.
La demanda también alega una violación de la Cláusula de Comercio de la Constitución porque "regula de forma inadmisible la entrada de personas en Florida e impone cargas inaceptables al comercio interestatal y exterior".
En medio de la cruzada de la administración Trump contra la emigración ilegal, el gobernador Ron DeSantis ha dispuesto que se impongan penas más severas para los delitos cometidos por indocumentados que para las demás personas.
En febrero, determinó que si un delito menor de robo puede llevar hasta un año en prisión y una multa de 1,000 dólares para la mayoría de los habitantes de Florida, un inmigrante ilegal podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel y el pago de 5,000 dólares.
En el caso de un asesinato en primer grado, podría aplicarse ahora una pena de muerte automática.
Como parte de sus acciones contra la inmigración ilegal, el gobernador firmó el programa 287(g), mediante el cual las agencias estatales pueden cooperar plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. en la identificación y detención de inmigrantes en situación irregular.
La ampliación de facultades permite a las fuerzas de seguridad estatales y locales colaborar con ICE en la identificación y detención de inmigrantes en situación irregular, contribuyendo a una mayor eficacia en las deportaciones masivas impulsadas por la administración de Trump.
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