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La Justicia rusa ha dictado una medida cautelar de arresto contra el ciudadano cubano Lázaro Maccdiel Benítez Rojas, acusado de asesinar a un compañero de trabajo en una obra de construcción al oeste de Moscú.
El Tribunal del Distrito Nikúlinski de Moscú aprobó la solicitud de la fiscalía para imponer una medida cautelar de arresto por 30 días a Benítez Rojas, quien enfrenta cargos de homicidio, informó la agencia Efe citando a la Justicia rusa en Telegram.
Según las autoridades, el acusado, empleado en una construcción, habría infligido al menos una herida de arma blanca a su colega, provocándole la muerte en el lugar de los hechos.
La defensa de Benítez Rojas solicitó una medida cautelar menos severa que no implicara encarcelamiento, pero el tribunal rechazó dicha petición.
En los últimos años, Rusia se ha convertido en uno de los destinos más accesibles para los cubanos que buscan mejores oportunidades fuera de la isla. Esto se debe, en parte, a que los nacionales de la isla caribeña no requieren visa para ingresar a Rusia por hasta 90 días como turistas.
Este mecanismo ha sido aprovechado por miles de cubanos para viajar, quedarse más allá del tiempo permitido y buscar trabajo, en su mayoría en condiciones informales.
Muchos cubanos en Rusia terminan trabajando en sectores como la construcción, limpieza o servicios domésticos, generalmente sin contratos legales y en condiciones que los dejan vulnerables a la explotación.
Uno de esos migrantes es Yoel Gallart Villalobos, natural de Matanzas, detenido desde el 12 de marzo en un centro de deportación en Gulkévichi, región de Krasnodar (Crimea).
Tras seis años de residencia ilegal en Rusia y con tres hijos nacidos en ese país, Gallart fue entregado por su suegra a las autoridades. Desde el centro de detención denunció que no ha recibido asistencia legal ni consular, y advirtió a otros cubanos: “Váyanse a otro país, que aquí están deteniendo inmigrantes”.
Gallart sostiene que el único ingreso familiar provenía de su trabajo como carpintero en Sochi, ciudad donde residía y criaba a sus hijos, cuyos cuidados ahora dependen de la abuela. “Lo único que pido es estar con mis hijos, en Cuba o en Rusia, pero con ellos”, declaró.
La situación de Gallart y otros cubanos se agrava con la entrada en vigor de una nueva política migratoria en Rusia. Desde el 5 de febrero de 2025, el Ministerio del Interior implementó un registro nacional de personas controladas, que incluye a todos los extranjeros en situación irregular.
Esta base de datos es consultable por trabajadores, escuelas, oficinas de registro civil, y otras instituciones, con el fin de restringir su acceso a empleo, educación, matrimonio, propiedades o servicios públicos.
Quienes sean inscritos no podrán registrar hijos en escuelas, comprar bienes raíces, cambiar de residencia sin permiso, ni abrir negocios. También estarán sujetos a controles biométricos y pueden ser internados en centros de detención hasta que se resuelva su situación legal.
Según el viceministro del Interior, Alexander Gorovoy, más de 670,000 migrantes viven actualmente en Rusia sin estatus legal, entre ellos mujeres y menores de edad.
Ellos tienen hasta el 30 de abril para regularizarse; de lo contrario, se enfrentarán a la expulsión a partir del 1 de mayo.
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