Era fin de semana y una mujer, acompañante de un paciente, esperaba durante horas en las afueras del salón de operaciones de un hospital provincial en Matanzas, y cuando la necesidad de comer se volvió urgente, descubrió que hacerlo no sería tan fácil: ningún local cercano aceptaba pagos por transferencia o en línea, solo efectivo.
El caso, narrado por el periódico oficialista Girón, expone una de las muchas fisuras de la bancarización en Cuba: una política impulsada desde el Gobierno para promover los pagos digitales y reducir el uso del efectivo, pero que en la práctica enfrenta obstáculos técnicos, económicos y culturales.
Lejos de los números oficiales, que muestran un aumento en la entrega de tarjetas magnéticas y operaciones por canales electrónicos, muchos usuarios sienten que la bancarización no avanza. O peor aún: retrocede.
Tal y como admitió el periódico oficialista, y en palabras de la gente en redes sociales, anda “patas arriba”.
Comercios que alegan problemas de conexión, códigos QR inoperantes, recargos injustificados o simple negativa a aceptar pagos electrónicos son parte del día a día.
Algunos negocios, según la directora provincial de Bandec, Yanetsy Chávez Camaraza, llegan incluso a dar el número de tarjeta personal de un trabajador en lugar de usar la vía institucional, lo que impide al cliente beneficiarse de descuentos y bonificaciones.
En un contexto comercial, el cual el régimen no ha sido capaz de controlar, los clientes reciben respuestas como “hoy no aceptamos transferencias”, “ya excedimos el número del día” o “después del mediodía no usamos QR”.
En muchos casos, alegan fallas de conectividad para justificar que solo aceptan efectivo, a pesar de que aplicaciones como Transfermóvil no dependen de datos móviles para funcionar.
Para algunos trabajadores por cuenta propia, como un vendedor de productos agropecuarios en Matanzas, el pago digital es visto como un estorbo: lento, poco fiable y molesto para los clientes.
Esta desconfianza tecnológica se suma al hecho de que muchos actores económicos, estatales o privados, no logran acceder a su dinero con agilidad, lo que les lleva a preferir el efectivo y operar fuera del control fiscal, y en este caso la culpa recae directamente en el gobierno y su sistema bancario.
Según datos de Bandec, entre enero y marzo de 2025 se han emitido más de 31,000 tarjetas magnéticas y más de 6,700 Multibanca en la provincia, con más de tres millones de operaciones electrónicas que movieron más de 8,100 millones de pesos.
Sin embargo, el propio banco reconoce que más de 19,000 clientes aún no están bancarizados. Los sectores más atrasados son el agropecuario y los trabajadores por cuenta propia.
Aunque existen grupos de trabajo provinciales y municipales para impulsar la bancarización —con participación de Bandec, BPA, la ONAT y otras entidades—, los mecanismos de control no están siendo efectivos. Las inspecciones son limitadas y, cuando terminan, los mismos negocios vuelven a operar fuera de la norma.
Desde la ONAT, su directora provincial advierte que a partir del 15 de abril podrían cerrar negocios que no cuenten con cuentas fiscales activas.
Asegura que ya se han cruzado datos entre ingresos bancarios y declaraciones fiscales, y que hay acciones programadas para detectar evasiones.
Al margen de los “esfuerzos” del régimen, la realidad es que las quejas persisten. Usuarios denuncian comercios con QR solo para mostrar, otros que aceptan transferencias a conveniencia o que imponen recargos ilegales.
Algunos ciudadanos, como Marilyn, critican que el cumplimiento de esta política recaiga exclusivamente en la denuncia popular: “No es el pueblo quien debe controlar que no se viole la ley”, dijo al citado medio, evidenciando el fracaso del régimen al imponer la bancarización.
Otros factores estructurales también conspiran contra el éxito de la bancarización: existen zonas sin cobertura donde no es posible utilizar plataformas digitales, y en esos casos, el pago en efectivo sigue siendo la única opción real.
Desde el Partido y el Gobierno provincial reconocen que los resultados no son los esperados, y llaman a reforzar la fiscalización, como un recurso coercitivo otras veces impuesto.
Incluso se ha planteado la necesidad de que los CDR se sumen al monitoreo de negocios en barrios donde proliferan cafeterías que no aceptan pagos electrónicos o aplican sobreprecios.
El consenso entre autoridades, bancos y ciudadanía parece claro: sin compromiso real de todas las partes —desde las instituciones hasta los clientes—, la bancarización en Cuba seguirá atrapada entre buenas intenciones y una realidad que la desmiente a diario.
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