El régimen cubano respondió este domingo a una denuncia publicada en redes sociales por el médico exiliado Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quien compartió el testimonio de la doctora Anabel Obregón, sobre un presunto caso de presión institucional para dejar morir a un recién nacido en el hospital de Placetas, Villa Clara, con el fin de evitar que se computara como muerte infantil en las estadísticas oficiales.
La acusación generó un fuerte impacto en redes sociales, pues señalaba que a la doctora le habían recriminado haber practicado una cesárea de urgencia que salvó la vida de un bebé, y que durante una reunión con autoridades de salud le habrían dicho: “Ese bebé debía morir dentro del útero. Si muere ahora, va a mortalidad infantil. Pide que viva más de un año, porque si no, vas a tener un problema político”.
Este domingo, el director provincial de Salud en Villa Clara, Juan José Pulido López, desmintió públicamente la historia a través de una publicación en Facebook, calificando el testimonio de “rotundamente falso” y “una burda manipulación mediática”.
Según Pulido, la Dra. Obregón “dejó de ejercer la medicina en Cuba en diciembre de 2013 y vive en Estados Unidos desde hace más de once años”, por lo que, a su juicio, “es imposible que los hechos narrados sean ciertos”.
Sin embargo, el hecho de que la doctora no resida actualmente en Cuba no invalida necesariamente la posibilidad de que el episodio haya ocurrido antes de su salida del país, como parte de su experiencia profesional dentro del sistema de salud cubano.
Además, el desmentido oficial no ofrece pruebas documentadas de que el evento nunca sucedió, sino que se centra exclusivamente en desacreditar el testimonio con base en la fecha de residencia de la profesional.
Por otro lado, el propio Pulido dirige parte de su ataque contra Figueredo, aludiendo a que no vive en Cuba y por tanto no puede hablar con autoridad sobre lo que ocurre en el sistema nacional, una estrategia frecuente del oficialismo para descalificar críticas desde el exilio, sin investigar a fondo las denuncias de fondo.
La denuncia inicial apuntaba a un patrón de presiones institucionales para maquillar cifras de mortalidad infantil, un tema sensible en Cuba por el valor propagandístico que el régimen atribuye a esos indicadores como “logros” del sistema socialista.
Sin embargo, lo más significativo de esta polémica en redes no fue solo el débil desmentido oficial, sino que la denuncia del doctor Figueredo dio pie a que numerosos internautas opinaran sobre el tema e incluso compartieran experiencias similares y nuevas denuncias.
El estremecedor testimonio de Frank Alemán, quien asegura haber vivido un episodio similar mientras estudiaba en Cuba en 1991, aporta una dimensión histórica a las denuncias actuales.
Según su relato, presenció cómo un recién nacido fue dejado deliberadamente en condiciones críticas, desnudo sobre una bandeja metálica bajo el aire acondicionado, y cómo se le intentó convencer de que los movimientos del bebé eran simples reflejos post mortem.
Protestó, fue retirado de la guardia por estar “alterado”, y meses después fue expulsado.
Según su testimonio, a los bebés con riesgo de muerte neonatal se les declaraba muertos antes de nacer para cumplir con las estadísticas impuestas por Fidel Castro, que buscaban mostrar al mundo una tasa de mortalidad infantil artificialmente baja.
“Hasta el día de hoy tengo pesadillas con ese bebé”, confesó.
A estos relatos se sumó el testimonio de Dayamis Orizondo Ortega, quien aseguró en un comentario en redes sociales haber presenciado una situación similar mientras estudiaba en el ginecoobstétrico de Santa Clara.
Según relató, cuando nacían bebés muy deprimidos eran dejados “en una esquinita en el frío”, y luego se les informaba a las madres que habían nacido muertos, para que no computaran como muertes infantiles, sino como fallecimientos fetales tardíos. “Todo por las estadísticas y por vender los falsos índices de mortalidad infantil”, escribió.
En un segundo comentario, recordó que en aquel momento no comprendió lo que pasaba: estaba en segundo año de la carrera y observó todo a través de un cristal.
“No abrí mi boca para preguntar… después con el tiempo alguien me explicó lo que realmente pasó. Recuerdo que tuve que ir y conversarlo hasta con el sacerdote de mi parroquia, porque aquello no me dejaba vivir”, confesó, evidenciando la carga emocional que aún arrastra.
Otro testimonio que se suma a esta serie de denuncias fue el de Javier V. Hernández, enfermero cubano con formación en ginecoobstetricia y actualmente residente en España. En un comentario en redes sociales, aseguró haber presenciado personalmente situaciones similares durante su tiempo de trabajo en salas de parto en Cuba.
Denunció que el trabajo de obstetras experimentados era frecuentemente juzgado y condicionado por la presión de mantener “estadísticas” favorables, y que realizar una cesárea considerada “no justificada” era visto como un delito, incluso en casos de sufrimiento fetal evidente o complicaciones como circulares de cordón. “Lo vi, nadie me lo contó”, afirmó.
También apuntó que con la escasez de recursos y personal especializado, como anestesiólogos y obstetras, se volvió más frecuente que se priorizaran las cifras sobre la atención real: “En Cuba hablan más las estadísticas que la realidad”, concluyó.
La experiencia de Iriannis F. Velázquez, quien dejó de ejercer la medicina hace tres años, también se suma al coro de voces que denuncian la presión institucional sobre los profesionales de la salud.
“Siempre que pasa igual, sucede lo mismo: al final el médico es el culpable de todo”, escribió. Según ella, a pesar del tiempo transcurrido, sigue cargando con el dolor de haber trabajado en un sistema que, en lugar de priorizar la vida, subordina las decisiones clínicas a protocolos rígidos diseñados para sostener estadísticas manipuladas.
“Cada vez que escucho algo como esto, pienso en cómo es posible que sean más importantes unas estadísticas de mierda que salvar la vida de seres humanos”, lamentó. Su testimonio refleja la tensión entre la ética médica y la burocracia estatal, que condiciona el accionar profesional incluso en los casos más sensibles.
El testimonio de Gigi Regueira, quien trabajó en un policlínico en Cuba, ofrece una perspectiva directa sobre cómo se manejan las cifras oficiales dentro del sistema.
Según relató, durante la crisis de los casos de neuropatía epidémica en el país, las trabajadoras de estadística llevaban un registro manual hasta que un día recibieron la orden de no anotar más casos bajo ese diagnóstico. “Si venía un caso, que lo pusieran como otra cosa”, le dijeron.
Ese momento, cuenta, fue revelador: “Allí comprendí la mentira de las estadísticas en Cuba, que todo era un globo”. Su experiencia refuerza la idea de que la alteración deliberada de datos en salud pública forma parte de una práctica institucionalizada para sostener una imagen que no se corresponde con la realidad.
Las palabras de Omi Saide Elida Murga Quiroz revela el impacto devastador de estas prácticas no solo en lo profesional, sino también en lo personal.
Enfermera de consultorio, relató que vivió en carne propia la pérdida de su bebé a las 29 semanas y un día de gestación. Durante la discusión de fallecidos del área, su caso fue mencionado y, para su sorpresa, el jefe del Programa Materno Infantil determinó que no debía discutirse, argumentando que era un bebé que “venía con problemas” y que la madre ya había expresado que no deseaba ser CVP (caso con vigilancia prolongada).
“Ya te imaginarás lo que armé”, escribió, aclarando que el embarazo era totalmente planificado y deseado. Su experiencia evidencia cómo el sistema no solo puede minimizar el dolor ajeno, sino invalidar los hechos cuando no encajan en el relato estadístico que se quiere sostener.
El caso de Maire Valdivia añade una dimensión más reciente al patrón denunciado. Contó que su hija, que pronto cumplirá seis años, nació con un CIUR severo (crecimiento intrauterino restringido), pero a pesar de las señales de sufrimiento fetal —incluidas caídas cardiacas—, fue obligada a parir.
El ginecólogo que decidió intervenir con una cesárea de urgencia fue posteriormente cuestionado por su proceder. “Hoy vive en Angola”, escribió Maire, en alusión al costo personal que muchos profesionales deben pagar por anteponer la vida al cumplimiento de protocolos estadísticos o decisiones burocráticas.
Su testimonio refleja cómo las presiones institucionales no solo afectan a los pacientes, sino que también empujan al exilio a quienes deciden actuar con ética médica.
La situación de la mortalidad infantil en Cuba, particularmente en Villa Clara, ha sido motivo de preocupación creciente en los últimos tiempos. Diversas denuncias apuntan a un aumento de casos asociados no solo a causas médicas, sino también a deficiencias estructurales y negligencias institucionales.
En medio de esta realidad, autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron que la tasa de mortalidad infantil en 2024 se ubica en 7,4 por cada mil nacidos vivos, una cifra que continúa marcando una tendencia al alza respecto a años anteriores y que duplica prácticamente los niveles registrados en la década anterior.
Simultáneamente, los nacimientos han disminuido drásticamente, lo que agudiza la crisis demográfica. Entre enero y julio de 2024, se reportaron más de 8,000 nacimientos menos que en el mismo período del año anterior, reflejo de un entorno donde las condiciones socioeconómicas, el acceso limitado a servicios básicos y la falta de confianza en el sistema sanitario disuaden a muchas familias de ampliar su descendencia.
Según datos oficiales, la natalidad ha caído a su punto más bajo en 60 años, revelando un panorama demográfico y social alarmante.
La preocupación se intensifica en provincias como Villa Clara, donde medios independientes y testimonios ciudadanos han registrado un incremento de fallecimientos neonatales. Aunque el régimen ha intentado desacreditar estas denuncias, los datos y los testimonios apuntan a la existencia de un patrón más amplio.
Casos previos, como el del hospital Diez de Octubre en La Habana, donde murieron diez recién nacidos a principios de 2023 por mala gestión hospitalaria, siguen resonando como símbolos de un sistema sanitario en crisis.
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