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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este martes una reestructuración completa del sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), una base de datos federal utilizada para verificar el estatus migratorio de los extranjeros en territorio estadounidense.
La medida tiene como objetivo acelerar las deportaciones, prevenir fraudes en beneficios públicos y evitar el voto ilegal de no ciudadanos, destacó el medio Fox News, citando información obtenida en exclusiva.
El DHS detalló que la renovación del programa incluirá la eliminación de tarifas por búsquedas en la base de datos, simplificación para realizar consultas masivas de estatus migratorio, integración con antecedentes penales y una nueva interfaz más “amigable” para usuarios gubernamentales.
“Los inmigrantes ilegales han explotado sistemas obsoletos para defraudar al pueblo estadounidense y contaminar nuestras elecciones”, declaró un portavoz de la entidad.
“Este nuevo SAVE garantizará que los funcionarios puedan verificar estatus rápidamente y frenar fraudes en beneficios y votaciones.”, dijo, en medio del rechazo a estas medidas de grupos proinmigrantes y activistas de derechos humanos que se oponen a la persecución de los indocumentados.
Creado en 1987, el sistema SAVE permite que agencias gubernamentales y cuerpos de seguridad ingresen datos biográficos o documentos como el número de formulario I-94, número SEVIS o número de extranjero (A-number) para consultar el estatus migratorio de una persona.
El objetivo original era verificar la elegibilidad de extranjeros para recibir beneficios públicos o ejercer derechos restringidos a ciudadanos estadounidenses.
El anuncio llega en medio de intensas tensiones entre la administración Trump y el poder judicial por la política migratoria. Recientemente, la Corte Suprema bloqueó temporalmente la deportación de migrantes venezolanos bajo la antigua Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, aunque no anuló por completo la orden.
El DHS trabajará en conjunto con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) para asegurar que el nuevo sistema SAVE sea operativo en el corto plazo y cumpla con los estándares de eficiencia, interoperabilidad y seguridad, menciona la fuente.
Organizaciones de derechos civiles han mostrado preocupación por las posibles violaciones al debido proceso y el uso intensivo de datos personales sin supervisión judicial.
Aunque la administración no ha detallado cómo protegerá la privacidad de los inmigrantes, defensores advierten que esta modernización podría facilitar detenciones erróneas, deportaciones rápidas sin apelación y una mayor vigilancia sobre comunidades vulnerables.
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