Una jueza federal en Miami ratificó que su orden de suspensión sobre la nueva normativa migratoria de Florida, la SB 4-C, aplica a todas las agencias de aplicación de la ley del estado, contradiciendo así la interpretación del fiscal general, quien sostenía lo contrario.
De acuerdo con la agencia AP, la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, indicó que emitirá una orden judicial preliminar contra la aplicación de una ley estatal que convierte en delito menor el hecho de que personas indocumentados ingresen a Florida evadiendo a las autoridades migratorias federales.
Ley firmada por DeSantis, en el marco de la agenda antiinmigrante de Trump
El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley en febrero de 2025 como parte de su alineamiento con la agenda migratoria de Donald Trump, que ha sido objeto de múltiples demandas judiciales a nivel federal.
El estatuto estatal penaliza el ingreso a Florida de migrantes sin estatus migratorio regular si han sido “liberados” por autoridades federales o entraron sin inspección, expuso NBC Miami.
El 4 de abril, la jueza Williams ya había emitido una orden temporal de restricción por 14 días, tras la presentación de una demanda por parte de la Florida Immigrant Coalition y otras organizaciones, con apoyo legal de la ACLU (American Civil Liberties Union).
La orden fue extendida por 11 días más tras reportes de arrestos realizados por la Patrulla de Carreteras de Florida, que incluyeron a al menos una persona ciudadana estadounidense.
¿Qué es la ley SB 4-C de Florida?
La ley SB 4-C busca convertir en delito estatal el hecho de entrar a Florida sin un estatus migratorio legal. Esto significa que si una persona considerada como “extranjero no autorizado” ingresa al estado, podría ser arrestada solo por esa acción, sin necesidad de haber cometido ningún otro delito.
Es decir, el simple hecho de cruzar la frontera del estado podría bastar para ser detenido.
Disputa legal: ¿puede la policía aplicar la ley pese a la orden?
Durante la audiencia, la jueza cuestionó severamente el argumento del abogado del estado, quien afirmó que la orden judicial solo era vinculante para los actores nombrados en la demanda (fiscal general, fiscal estatal y el fiscal general especial). Williams respondió:
“¿Cuál sería el sentido de permitir que oficiales arresten a personas sin causa probable si los fiscales no pueden procesarlas?”.
Contradicciones en el gobierno de Florida
Tras la primera orden de la jueza, el jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier, envió un memorando el 18 de abril instruyendo a las fuerzas del orden a no aplicar la ley, aunque expresó su desacuerdo con la decisión judicial
Sin embargo, cinco días después, revirtió su postura en otro memo, asegurando que la jueza estaba “legalmente equivocada” y que no podía impedir que la policía hiciera cumplir la ley estatal.
Desde entonces no se han reportado nuevos arrestos bajo la norma suspendida.
La ley, bajo fuego por inconstitucionalidad
La demanda presentada por los grupos de derechos civiles argumenta que esta ley estatal viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU., al invadir atribuciones federales exclusivas sobre política migratoria.
Si la jueza Williams emite la orden preliminar definitiva, esta impediría de manera oficial y temporal su aplicación a nivel estatal y local, en lo que sería una importante victoria para los derechos de los migrantes en Florida.
Este nuevo revés judicial para la agenda migratoria de DeSantis refleja la tensión creciente entre autoridades estatales que buscan endurecer el control migratorio y el poder exclusivo del gobierno federal para definir y aplicar esas políticas.
Trump endurece políticas migratorias con nuevo decreto presidencial
Esta semana, en una nueva demostración de fuerza orientada a reforzar su postura antiinmigración, Trump firmó un decreto ejecutivo que va contra las denominadas jurisdicciones santuario (estados y ciudades que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración).
El decreto firmado por Trump ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional elaborar y mantener actualizada una lista de estas jurisdicciones.
El actual gobierno deportó a más de 65,000 inmigrantes indocumentados en sus primeros 100 días. A pesar de esta retórica de mano dura, las cifras actuales muestran que las deportaciones no han aumentado sustancialmente respecto a la gestión de Joe Biden, al menos en sus primeros meses.
Se acuerdo con cifras difundidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de los más de 66,000 arrestos realizados, el 75% correspondía a inmigrantes con antecedentes penales, incluyendo 2,288 presuntos pandilleros de organizaciones como Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18, así como 1,329 personas acusadas o condenadas por delitos sexuales y 498 por homicidio.
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