La Cámara de Representantes de Florida aprobó este miércoles una legislación que prohíbe la venta de turnos para trámites en las oficinas de licencias de conducir, una práctica que se había vuelto común y que generaba largas esperas y frustración entre los usuarios.
La nueva ley, que convierte esta actividad en un delito menor de primer grado, representa una extensión a nivel estatal de medidas que ya había adoptado previamente el condado Miami-Dade, donde se aplicaban multas de hasta 500 dólares por revender citas.
En marzo, la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade destapó una red que se dedicaba a acaparar y revender las citas gratuitas de los trámites de licencias de conducir, perjudicando a miles de residentes.
Ahora la situación ha cambiado y quienes revendan citas pueden llevarse incluso penas de prisión.
“Esto ahora ya es una ley estatal y hay multas hasta de 1000 dólares y un año de cárcel”, explicó Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, quien ha encabezado varias iniciativas para combatir este problema y mejorar el acceso a los servicios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
Fernández ha impulsado el uso de una unidad móvil de servicios del DMV, que permite a los residentes obtener o renovar licencias de conducir, reemplazar documentos robados, y actualizar direcciones o nombres, sin tener que desplazarse hasta las oficinas centrales.
La unidad poco a poco irá recorriendo el condado Miami-Dade para brindar este servicio, sobre todo a las personas mayores que no pueden desplazarse y necesitan asistencia.
La medida busca aliviar la presión de los turnos acumulados y las largas filas que se han visto en los últimos meses, especialmente con el aumento en la demanda para obtener el Real ID, cuya fecha límite de implementación es el 7 de mayo.
A partir de esa fecha, esta identificación será obligatoria para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales. La combinación de la nueva legislación y la expansión de servicios móviles pretende acortar los tiempos de espera y garantizar un acceso más equitativo y eficiente para todos los residentes del estado.
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