La congresista republicana María Elvira Salazar (FL-27) presentó este jueves en el Congreso de EE.UU. la “Ley de TPS para Venezuela 2025”, una propuesta bipartidista que busca otorgar Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de venezolanos que se encuentran actualmente en el país.
La legislación fue coauspiciada por los representantes Darren Soto (FL-09) y Debbie Wasserman Schultz (FL-25), con Salazar como co-líder republicana del proyecto.
De ser aprobada, afirma, ofrecería protección automática por 18 meses renovables contra la deportación y autorización de trabajo a ciudadanos venezolanos elegibles.
“Los venezolanos que cumplen la ley no deben ser devueltos a una dictadura brutal. Esta ley les da la oportunidad de quedarse en Estados Unidos hasta que Venezuela recupere su libertad”, expresó Salazar, quien reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a quienes reconoce como legítimos líderes democráticos del país suramericano.
La propuesta surge en un contexto de profunda crisis humanitaria en Venezuela, caracterizada por una economía colapsada, una de las mayores tasas de criminalidad de América Latina, y una creciente represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Según el texto, se estima que unos 600,000 venezolanos podrían beneficiarse del TPS bajo esta nueva legislación.
Para calificar, los solicitantes deben: estar físicamente presentes en EE.UU. al momento de la aprobación de la ley; no tener antecedentes penales; y registrarse correctamente ante el Departamento de Seguridad Nacional.
Además, el TPS permitirá viajar al extranjero en situaciones de emergencia y no otorgará protección alguna a personas con historial delictivo.
El congresista demócrata Darren Soto denunció los intentos pasados de la administración Trump de revocar el TPS y otras protecciones clave para los venezolanos, y destacó que muchos han escapado de la violencia política y se han establecido en comunidades como el Centro de Florida, contribuyendo activamente a la economía local.
“Sería insultante darle la espalda a quienes han huido de una dictadura y trabajan duro en nuestra comunidad”, dijo Soto.
Por su parte, la congresista Debbie Wasserman Schultz enfatizó que los beneficiarios del TPS son personas legales y trabajadoras, y criticó la posibilidad de que se les obligue a regresar a un régimen que “viola los derechos humanos de forma sistemática”.
“Estoy orgullosa de sumarme a este esfuerzo para evitar deportaciones injustas y proteger a las familias venezolanas de mi distrito”, declaró.
La crisis venezolana ha provocado el éxodo de más de 7 millones de personas, convirtiéndose en una de las mayores crisis migratorias del hemisferio. En Estados Unidos, particularmente en Florida, reside una nutrida comunidad venezolana, con más de 40,000 personas solo en el distrito que representa Salazar.
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